Asesoría científica

La cantidad de decisiones políticas que es imprescindible basar en conocimientos científicos y técnicos crece de manera acelerada, al mismo ritmo que la ciencia y la tecnología se integran cada vez más en nuestras vidas. La evolución de dicho conocimiento, además, es tan veloz que resulta imposible que en la esfera estrictamente política se pueda estar al tanto de todo lo que se sabe y tomar así la mejor decisión. Ante este panorama, los diferentes países de nuestro entorno han ido poco a poco creando comités centralizados que se encargan de buscar los mejores especialistas de cada área para responder a cada problema concreto, o bien se han dotado de múltiples comisiones específicas para cada situación a valorar. Se trata siempre de organismos consultivos que recogen y ordenan la información disponible, pero no sustituyen a los responsables políticos: la decisión final siempre queda en manos de éstos.

En España hay varios comités específicos. El de reproducción asistida, derivado de la ley de 1988; el de bioseguridad, que vigila los productos genéticamente modificados, y el comité sobre encefalías espongiformes transmisibles, creado en plena crisis de las vacas locas. Son piezas sueltas que no componen un marco global de asesoramiento del Gobierno o del Parlamento. De ahí que Pere Puigdomènech, el único español que forma parte del Comité Científico Director y del Grupo de Ética de la Comisión Europea, plantee la necesidad de que España se dote de un mecanismo consultivo general en temas científicos. Como señala, ningún país que aspire a ser moderno debería carecer de tal órgano.

Los comités que funcionan bien reúnen siempre tres características: abordan los temas con rigor, porque los informes los acaban elaborando personas que realmente saben del tema; son independientes, porque se les dota de garantías para que no existan intromisiones de la Administración; y actúan con la máxima transparencia, haciendo públicas sus conclusiones inmediatamente después de entregarlas al organismo oficial que haya hecho el encargo.

El Gobierno debería hacer caso y plantearse cuanto antes la creación de un comité con estas características. Y utilizarlo, porque tampoco vale disponer formalmente de organismos asesores que no funcionen, como es el caso del Comité de Reproducción Asistida, que lleva dos años sin reunirse. Desde que Celia Villalobos accedió al Ministerio de Sanidad no ha sido convocado ni un sola vez.