'España no puede permitirse carecer de un comité asesor científico'

Pere Puigdomènech (Barcelona, 1948) es el único representante español del Comité Científico Director y en el Grupo de Ética de la Comisión Europea. Como experto considera que el conocimiento científico, por más fundamentado que esté, no debe en ningún caso sustituir al poder político. Para Puigdomenech, que también es director del Instituto de Biología Molecular de Barcelona (CSIC), su misión es poner en manos de la sociedad y en quien debe tomar las decisiones todo cuanto se sepa acerca de 'cuestiones sensibles'. Y hacerlo con la máxima transparencia, rigor e independencia. Sólo así, dice este experto en genética de plantas, las opiniones que emitan los científicos serán respetadas y podrán poner en evidencia, llegado el caso, a quienes utilicen argumentos sociales, económicos o ideológicos para obrar en dirección contraria.

'La comunidad científica española es pequeña, joven y poco estructurada'

Pregunda. Vista su experiencia en el Comité Científico Director y en el Grupo de Ética de la Comisión Europea, ¿continúa pensando que este tipo de comités tienen algún tipo de utilidad?

Respuesta. Son imprescindibles. En un momento en el que la ciencia y la tecnología tienen una presencia tan grande en nuestras vidas y cambian a un ritmo tan rápido, el conocimiento es básico para tomar las mejores decisiones.

P. Y ustedes aportan ese conocimiento.

R. Nuestra función es recopilar cuanto se sepa de una cuestión concreta y emitir una opinión que debe ser independiente, rigurosa y absolutamente transparente. En el caso del Comité Científico Director se responden cuestiones a requerimiento de la dirección General de Salud y Consumo, mientras que el Grupo de Ética depende directamente de la Presidencia de la Comisión Europea. Ante cualquier pregunta, se formalizan grupos de expertos que aportan su conocimiento. De ahí surgen opiniones y recomendaciones.

P. Que no siempre se siguen.

R. Ningún comité puede sustituir al poder político, que es en quien ha delegado la sociedad para tomar decisiones. El político está legitimado para decidir en sentido contrario. La economía, las características sociales o la ideología también pesan a la hora de decidir.

P. Como en el caso de las células madre de origen embrionario. La comunidad científica internacional parece estar de acuerdo en su uso para experimentación.

R. Hay, en efecto, un cierto consenso entre los científicos. Nadie habla de clonación o de temas por el estilo. Simplemente se dice que existen decenas de miles de embriones congelados en todo el mundo cuyo destino último por ahora es desconocido y que sería interesante ver si son útiles para experimentación. Entre otras razones, porque las expectativas que se han generado en salud humana son enormes.

P. ¿Cuál es el papel de estos comités en este caso?

R. Desde el Grupo de Ética, en el que participamos científicos y juristas, además de personas vinculadas a la bioética, se ha recibido el encargo de emitir una opinión sobre la patentabilidad de las células madre, uno de los aspectos que más preocupa en estos momentos. El tema es complejo y la respuesta no es obvia. La actual normativa europea que regula las patentes biológicas se aprobó en 1998 tras 8 años de difícil y dura gestación. Justo cuando se aprobó se publicaba el primer artículo científico sobre el tema. En sólo tres años se ha generado un tejido industrial que ha superado por alto a la normativa. No vamos a reescribirla, pero sí a emitir un juicio para que los políticos tomen la decisión más adecuada.

P. Estamos hablando siempre de recomendaciones.

R. Esto es básico, se trata siempre de opiniones, y por tanto no son vinculantes. Por ejemplo, recientemente la CE nos preguntó acerca de la posibilidad de que corderos y cabras desarrollen el mal de las vacas locas. Se ha creado una comisión con gente de toda Europa para elaborar un estudio sobre la cuestión y llegar a una respuesta. En este caso, que no hay novedad, es decir, que está comprobado experimentalmente que la enfermedad se puede transmitir por el consumo de piensos contaminados pero que no hay datos que demuestren que se haya producido aún.

P. ¿Y si los hubiera? ¿Qué respondería el Comité?

R. La respuesta ya está elaborada: aplicar los mismos criterios que con las vacas prestando mayor atención a los materiales de riesgo, mucho mayores en este tipo de animales. Pero insisto, una cosa es informar y otra tomar la decisión. Eso compete a los políticos.

P. ¿Qué otros temas tienen ahora mismo sobre la mesa?

R. Europa y EEUU disponen de una legislación muy estricta en cuanto a condiciones de experimentación, sobre todo en seres humanos. No ocurre lo mismo en otras áreas del planeta. Se trata de ver en qué casos los resultados de experimentos realizados en países terceros pueden ser aceptados, especialmente los relativos a nuevos fármacos. Otras cuestiones sobre las que se está avanzando son la extensión de pandemias como la gripe, una enfermedad cuyos efectos son incomparablemente mayores que la de las vacas locas; los efectos de virus de origen tropical; las secuelas de vivir permanentemente en edificios cerrados o evaluar si realmente hay posibilidades de que el bioterrorismo prospere.

P. Pese al valor de sus opiniones, que nadie discute, admitirá una cierta frustración cuando observa que a veces sirven de bien poco.

R. Verá. Un informe emitido por diversas academias científicas señala que la actividad industrial influye de forma decisiva en el cambio climático. A pesar de lo que dice la ciencia, el presidente Bush ha decidido no hacer caso. Otro: 13 academias de ciencias de todo el mundo han dicho que los organismos modificados genéticamente son una oportunidad interesante y que las actuales regulaciones son suficientes para asegurar que no hay efectos sobre la salud ni el medio ambiente. En EE UU se ha hecho caso y en Europa no. La información está ahí. Cada cual debe asumir sus responsabilidades. Puede ser frustrante, pero es así.

P. Traslademos la cuestión a nivel español. En España nadie representa la voz de la ciencia.

R. La comunidad científica española es pequeña, joven y poco estructurada, además de muy fragmentada. Se está construyendo. Las sociedades científicas y las academias deben encontrar su lugar.

P. Tampoco desde la Administración parece que se esté por la labor.

R. Por ahora no hay, en efecto, un mecanismo consultivo en España, a pesar de que está previsto por la ley. La situación contrasta con el resto de Europa, donde cada país dispone de uno adaptado a su cultura, sensibilidad y problemática.

P. ¿Sería interesante ponerlo en marcha en España?

R. Cada vez hay más decisiones políticas basadas en datos y opiniones científicos. Lo está siendo el caso de las vacas locas, como anteriormente lo fueron Doñana, el uranio empobrecido, el Tireless, la fiebre aftosa, la peste porcina o ahora el aceite de orujo. Aunque es cierto que los políticos no siempre entienden a los científicos, porque a menudo el conocimiento sobre una materia es incompleto y respondemos con un 'no se sabe', la existencia de este tipo de comités es imprescindible. En España no existe todavía un comité de expertos capaz de responder a este tipo de preguntas, algo que no debería permitirse ningún país que aspire a ser moderno.