Los abogados de Barcelona afirman que la 'redada' de indocumentados no se ajusta a la ley

La detención masiva de 112 inmigrantes magrebíes y subsaharianos practicada el pasado 16 de agosto en Barcelona 'no se ajustó a la legalidad vigente', según la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona, del Colegio de Abogados de Barcelona. Este colectivo pidió ayer al juez que instara de inmediato un procedimiento de habeas corpus para 'controlar la legalidad' de cada una de las detenciones.

Los abogados han puesto sobre la mesa la ilegalidad de lo que calificaron de 'redada' porque en la operación policial 'no hubo intento alguno de identificación' de los inmigrantes, que fueron arrestados de forma indicriminada. Piden, así, que se individualice cada caso y, si procede, una vez decretada la libertad de los detenidos, se abran diligencias por 'detención ilegal'.

El posicionamiento de esta comisión fue recibido con aplausos por los cerca de 150 inmigrantes reunidos ayer durante cerca de ocho horas para acordar la estrategia a seguir, con el respaldo de la plataforma de apoyo que han constituido una veintena de organizaciones sociales y sindicales. Esta coordinadora ha brindado diversos locales para alojar a los desalojados por la policía.

Los inmigrantes acordaron pedir 'más tiempo para negociar' con las Administraciones central, autonómica y local, mientras, en paralelo, la delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García Valdecasas, echaba un jarro de agua fría sobre las expectativas de una negociación destinada a regularizar su situación: 'La Administración no tiene capacidad para modificar la ley'.

La plataforma de apoyo a los inmigrantes ha convocado para esta mañana una manifestación en el centro de Barcelona para expresar su solidaridad con el colectivo. 60 inmigrantes seguían ayer retenidos, según la Delegación del Gobierno, aunque los sindicatos desconocían el paradero de 20 más. El juez de guardia tiene de plazo hasta hoy para decidir cuáles deben ser puestos en libertad y cuáles permanecerán internados, previa expulsión, hasta un máximo de 40 días.