La actuación policial origina una tormenta entre partidos políticos e instituciones

El malestar era prácticamente unánime entre los partidos políticos y las instituciones -salvo la Administración central- por el desenlace final del conflicto, que se arrastraba desde hacía 10 días. 'El Ayuntamiento no puede consentir la ocupación del espacio público porque esa no es ninguna solución para el conflicto de los inmigrantes, en el que, además, no se puede dejar a los ayuntamientos solos para resolver los problemas', afirmó el alcalde, Joan Clos, que ayer reapareció en Barcelona. A juicio de Clos, lo ocurrido es un episodio 'grave que no será el único y que requiere la corresponsabilidad de todas las administraciones en la aplicación de la Ley de Extranjería'.

Más contundente fue el concejal y portavoz de los socialistas, Ernest Maragall, que exigió al Gobierno catalán que colabore de verdad, con hechos concretos: 'Lo que hace falta ahora es una política de inmigración, y esa actitud no se ve cuando se rechaza crear un centro de acogida para los inmigrantes, que es lo que le corresponde hacer a la Generalitat. El Ayuntamiento presta la asistencia social que le corresponde, pero no es suficiente'. '¿Y qué responsabilidad muestra un Gobierno central que ha llegado a enviar en aviones a inmigrantes expulsados de otras partes de España o les ha hecho creer que en Barcelona arreglarían su situación?', se preguntaba ayer Maragall.

Más competencias La consejera de Gobernación, Núria de Gispert, defendió ayer sin fisuras la actuación policial: 'Actuaron como debían actuar'. De Gispert argumentó que los inmigrantes son personas que tienen derechos, 'pero no puede ser que quieran instalarse en Cataluña y rechacen los ofrecimientos de ayuda efectuados desde diferentes instituciones y sólo pidan derechos', informa Mar Padilla.

La consejera, en una intervención en la Universitat Catalana d'Estiu, en Prada de Conflent, se mostró en favor del pleno cumplimiento de la legalidad y anunció que la Generalitat demandará en otoño plenas competencias en materia de inmigración al Gobierno central: 'Desde el control de entrada hasta los permisos de residencia y de trabajo'.

A juicio del líder del PSC, Pasqual Maragall, lo que se precisa es una política de inversión en los barrios y escuelas a los que llegan los nuevos inmigrantes 'y que coinciden con los [barrios] formados por anteriores inmigrantes que en su momento se dignificaron pero que ahora se están degradando'. El dirigente del PSC recordó que la Ley de Extranjería 'no servirá como tal' para solventar problemas como los vividos estos días en Barcelona y que la única solución es a largo plazo y también debe pasar por invertir 'en los países de origen', informa Lali Cambra.

La intervención policial también comportó que la cuarta teniente de alcalde, Imma Mayol (IC-V), se desmarcara respecto a sus socios socialistas en el consistorio. Mayol -que era la alcaldesa accidental cuando la Guardia Urbana desalojó a los subsaharianos de la plaza de Catalunya- criticó ayer la actuación de la policía por desbaratar una solución para el alojamiento de buena parte de los inmigrantes y recriminó al alcalde 'haber estado de acuerdo'. 'Si el Ayuntamiento quiere ser cómplice de las políticas del PP, debe saber que no puede contar con IC-V', añadió la concejal de la formación ecosocialista. Su otro socio en el gobierno municipal, Jordi Portabella, de ERC, dijo que lo que no tiene justificación 'es la actuación de la policía cuando se estaba llegando a un acuerdo y porque las soluciones represoras no sirven para nada'. Hasta el presidente del grupo municipal del Partido Popular, Santiago Fisas, se pronunció en contra del desalojo de los inmigrantes. Pero no del realizado por la policía, sino del que decidió el Ayuntamiento el pasado 6 de agosto.