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Sindicatos y ONG desafían al Gobierno y esconden a los inmigrantes de Barcelona

Patrullas policiales rastrean el centro de la capital catalana para detener a los 'sin papeles

Miquel Noguer

En medio de una intensa polémica entre distintos partidos e instituciones y una lluvia de críticas a la Delegación del Gobierno, la veintena de asociaciones ciudadanas y sindicatos que forman parte de la plataforma de apoyo a los inmigrantes pusieron sus locales a disposición de los sin papeles que lograron escapar de la policía en la plaza de André Malraux, donde estaban acampados desde el pasado lunes. Varias decenas de inmigrantes durmieron ya ayer en las sedes de algunas de estas organizaciones, adonde llegaron aterrorizados por la intervención policial que acabó con la detención de 112 personas.

La policía acorraló a los inmigrantes a las cinco de la tarde del jueves, y dos horas después los que lograron escapar comenzaron a llegar a las sedes de las organizaciones. Un centenar de inmigrantes durmieron en ellas y allí piensan seguir mientras las instituciones no encuentren una solución para ellos. Armando Baró, dirigente de CGT, pidió una flexibilización de las medidas policiales contra los inmigrantes. 'Estas personas tienen que poder discutir libremente sobre su futuro sin ser perseguidas por la policía'.

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La plataforma de ayuda a los inmigrantes, de la que forman parte UGT, CC OO, CGT y organizaciones como SOS Racismo, consideran que la actuación de la policía fue una auténtica traición. Según los responsables de la plataforma, la policía actuó cuando los inmigrantes no habían acabado de negociar con el Ayuntamiento, la Generalitat y la Cruz Roja sobre las posibilidades de alojamiento en un albergue del Maresme. Simón Rosado, miembro de CC OO, explicó que la Cruz Roja les había dado un plazo hasta las 20.00 horas del jueves para comunicar si aceptaban el alojamiento. La policía actuó tres horas antes. 'Se estaba negociando sobre la base de una aceptación de la propuesta, no de una ruptura', afirmó Rosado. Los portavoces del colectivo inmigrante sólo habían propuesto, agregó Rosado, algunas correcciones a la propuesta, como ampliar el número de plazas para alojar a todos los inmigrantes, y que, por tanto, el acuerdo era posible. Pero las principales críticas se las llevó la Delegación del Gobierno, responsable de la actuación policial. Los miembros de la plataforma de apoyo a los inmigrantes condenaron esta intervención y acordaron presentar una querella conjunta contra la delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García-Valdecasas, cuyo contenido aún debe concretarse. Cáritas Diocesana de Barcelona, entidad integrada en la plataforma, se desmarcó de esta decisión, aunque se mostró en contra de la actual Ley de Extranjería. Cáritas cree que se debe 'abrir un proceso de negociación y diálogo que permita encontrar soluciones a la situación' y lamenta que no se pudiera llegar a un acuerdo sobre el alojamiento.

En lo que sí están de acuerdo todas las organizaciones es en que la policía actuó con excesiva contundencia, algo que condujo al caos y a numerosos errores. Además de inmigrantes indocumentados, la policía también detuvo a miembros de la plataforma y a un turista de raza negra que pasaba por la zona. De las 112 personas detenidas, 21 tuvieron que ser puestas en libertad tras ser identificadas. Se trata de un ciudadano italiano, 3 españoles y 17 extranjeros que que fueron detenidos junto a los indocumentados pero acreditaron su residencia legal en España.

De los 91 inmigrantes que acabaron detenidos el jueves, 32 afirman ser de Sierra Leona, 35 marroquíes, 6 argelinos, 4 de Ghana y 14 de otras nacionalidades, como Nigeria o Congo. Al menos 35 de ellos serán expulsados, operación que podría llevarse a cabo en breve, sobre todo en el caso de los marroquíes. Un total de 15 abogados de oficio está asesorando a los detenidos. Sin embargo, los miembros de la plataforma de apoyo a los inmigrantes denunciaron ayer que éstos no están recibiendo el asesoramiento adecuado ni la atención sanitaria que precisan algunos de ellos. También denunciaron la falta de traductores para ayudar a los extranjeros a prestar declaración.

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Además, se esperan nuevas detenciones. Ayer, la policía continuaba rastreando Barcelona para detener al centenar de sin papeles que lograron escapar de la plaza. Aunque la Delegación del Gobierno no informó sobre ninguna detención, a lo largo de la jornada muchos inmigrantes fueron obligados a presentar su documentación a requerimiento de la policía.

El objetivo, según la Delegación del Gobierno, es expulsar a todos los detenidos antes de un mes y medio. Ante esta situación, la plataforma que apoya a los inmigrantes, de la que forman parte los sindicatos UGT, CC OO y CGT, pidieron a los trabajadores de Iberia que se nieguen a embarcar en aviones fletados para expulsar a estos extranjeros. Además, han convocado una manifestación para el domingo a las 12.00 para evitar la expulsión de los detenidos. La manifestación comenzará en la plaza de Sant Jaume de Barcelona y finalizará en el Pla del Palau, delante del edificio de la Delegación del Gobierno en Cataluña.

Solicitudes sin respuesta Con esta manifestación, los representantes de los inmigrantes y los grupos que los apoyan pretenden denunciar la 'complicidad' que en su opinión ha existido entre las administraciones durante los 11 días que los inmigrantes estuvieron vagando por las calles de la ciudad en busca de un alojamiento digno. John Okroma, uno de los extranjeros que ha ejercido como portavoz y que continúa en libertad, entiende que protestar ante la sede de la Delegación del Gobierno continúa teniendo sentido. 'Los inmigrantes que estábamos en la plaza de Catalunya habíamos solicitado nuestra regularización en la Delegación del Gobierno. Sin embargo, nunca nos han dado respuesta'. 'Hasta que nos rechacen no pueden decir que somos inmigrantes ilegales'. 'No somos culpables de nada, no hemos cometido ningún crimen', añadió Okroma. De hecho, sólo cinco de los detenidos el jueves tenía algún requerimiento policial, según la propia Subdelegación del Gobierno.

Okroma también denunció la 'complicidad' del Ayuntamiento de Barcelona al poner al servicio del Cuerpo Nacional de Policía varias patrullas de la Guardia Urbana durante la operación policial del pasado jueves.

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Sobre la firma

Miquel Noguer
Es director de la edición Cataluña de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha trabajado en la redacción de Barcelona en Sociedad y Política, posición desde la que ha cubierto buena parte de los acontecimientos del proceso soberanista.

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