Los subsaharianos desafían a las autoridades y rechazan su oferta de alojamiento
Los africanos creen que las administraciones les ofrecen 'un caramelo' para luego expulsarlos
La concentración, prevista para las 19.00 horas de hoy, cuenta con el apoyo de los sindicatos CGT y UGT, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, las formaciones políticas ERC, EUiA y Els Verds y organizaciones no gubernamentales como Médicos sin Fronteras y Mujeres Periodistas de Cataluña.
La presencia, ayer por la mañana, de varios furgones de la Guardia Urbana en los alrededores de la plaza de Ramon Berenguer el Gran no desalentó a los subsaharianos, que decidieron en una asamblea permanecer en la plaza. Los agentes finalmente no llegaron a actuar, pero el Ayuntamiento de Barcelona insistió en que no tolerará que los subsaharianos sigan ocupando un espacio público y amenazó con una orden de desalojo inminente.
En la misma asamblea celebrada ayer por la mañana los subsaharianos decidieron rechazar la oferta del Ayuntamiento y la Generalitat de ofrecerles temporalmente un alojamiento, a través de la Cruz Roja, en un centro de Tiana (en el Maresme y a unos 15 kilómetros de Barcelona). Los inmigrantes consideran que esta oferta de cobijo, que requiere su previa identificación, es 'un caramelo tras el cual se les deportará a sus países'. Sí aceptaron, sin embargo, la comida y bebida que les ofreció la Cruz Roja después de que responsables de esta entidad les aseguraran que para acceder a este tipo de ayuda no era necesaria su identificación.
Críticas de CC OO El sindicato CC OO criticó ayer duramente la amenaza de la Delegación del Gobierno, bendecida por Ayuntamiento y Generalitat, de expulsar a los subsaharianos. 'Lo que no se puede hacer es expulsarlos ahora porque el lunes fueron desalojados de la plaza de Catalunya después de vivir varios meses en la ciudad', sentenció el secretario general de política social del sindicato, Llorenç Serrano. El dirigente sindical agregó que 'existe la posibilidad legal de utilizar el concepto de arraigo para que se quede una parte importante' de los africanos, pero 'no hay una voluntad política de buscar una salida a este colectivo'. 'No puede ser que en confrontaciones con las administraciones se pongan a los más débiles, los inmigrantes, en las trincheras', agregó el líder sindical.
Según la Delegación del Gobierno, el 80% de los inmigrantes tiene un trámite de expulsión abierto hace meses y serán detenidos 'dentro de 15 días o antes'. Los inmigrantes reclaman ser regularizados por razones de arraigo y humanitarias.
La Plataforma de Apoyo a los citados inmigrantes hizo ayer un llamamiento a la sociedad civil catalana para que se movilice a fin de conseguir habilitar un espacio en el que los subsaharianos puedan alojarse temporalmente en la ciudad sin necesidad de identificarse.
La decisión de expulsar a los subsaharianos -en la que las administraciones coincidieron el viernes tras cinco días de eludir el conflicto y pasarse la pelota unas a otras- recibió también las críticas ayer de IC-V. Imma Mayol, presidenta del grupo municipal de IC-V en el Ayuntamiento de Barcelona y que ejercía de alcaldesa accidental cuando se ejecutó la orden de desalojo de los inmigrantes, consideró 'inaceptable' la decisión de expulsión y reclamó una solución humanitaria y no policial para los africanos. 'Es una solución falsa: no se puede vincular la asistencia humanitaria a la deportación', dijo la concejala. IC-V reclama una 'interpretación flexible de la ley basada en unos criterios que antepongan los derechos de las personas y que, por tanto, busquen la regularización de los inmigrantes por motivos humanitarios'.
El secretario de Estado para la Extranjería y la Inmigración, Enrique Fernández Miranda, aludió ayer a la situación generada tras la expulsión de los subsaharianos de la plaza de Catalunya y aseguró que se ha puesto en contacto con el alcalde de Barcelona, Joan Clos, y con responsables de la Generalitat. Fernández Miranda lamentó que los inmigrantes, 'inducidos por una serie de organizaciones', no hayan aceptado la ayuda que les han ofrecido el Ayuntamiento y la Generalitat a través de la Cruz Roja.
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