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Inmovilizados 29 barcos en la campaña contra la pesca furtiva

La campaña contra la pesca furtiva en el golfo de Cádiz que comenzaron hace apenas 10 días el Ejecutivo central y la Junta de Andalucía ha supuesto ya la inmovilización de 29 barcos, según informó la Subdelegación del Gobierno en Cádiz. En la última operación, desarrollada ayer, una patrullera de la Guardia Civil y varias embarcaciones neumáticas de la Inspección Pesquera de la Junta, requisaron 14 pesqueros en los fondeaderos de Gallineras (San Fernando) y Sancti Petri (Chiclana).

Las embarcaciones requisadas han sido denunciadas por carecer de nombre, lo que constituye una infracción de acuerdo con la normativa de Puertos del Estado y Marina Mercante, y por el uso y tenencia de artes de pesca ilegal. La campaña de control fue iniciada tras las reclamaciones de las cofradías de la zona. Los pescadores exigen una reordenación del golfo de Cádiz, que consideran sobrexplotado (piden también una parada biológica), antes de intentar introducir algún barco de la flota que faenaba en Marruecos, como pretende el Ministerio de Agricultura.

'Estamos de acuerdo con el control del caladero, pero es injusto el trato que están recibiendo', advirtió ayer el representante de UGT, Antonio Carbonell. La incautación de sus útiles de pesca, aseguró, les deja 'sin recursos y sin cobertura legal'. Carbonell aseguró que el problema social que están generando las campañas de control es 'aún mayor que el que se pretende erradicar', por lo que pidió que las Administraciones se empleen contra las embarcaciones deportivas y contra aquellas que, aun teniendo licencia, lo hace de manera irregular al dotar a sus barcos de motores de mayor potencia de lo permitido, que 'esquilman los recursos'.

El sindicalista, que cifró en 5.000 los pescadores que realizan capturas ilegales en las costas andaluzas, abogó por la legalización de la labor de los pequeños pesqueros furtivos.

Conflicto de Mazagón

El consejero de Agricultura y Pesca, Paulino Plata, se refirió ayer al otro conflicto que se ha originado en el sector pesquero en los últimos días, la disputa entre pescadores de Isla Cristina y Punta Umbría del sector de la chirla. Plata consideró 'injustificado' el enfrentamiento suscitado tras el rechazo del sector pesquero de la chirla de Punta Umbría (Huelva) a que los mariscadores de Isla Cristina utilicen el puerto deportivo de Mazagón como punto de descarga, por lo que pidió 'serenidad' al sector.

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Plata indicó que la prioridad debe ser evitar que se produzca un proceso de deterioro en el caladero de Mazagón, como ya ha sucedido en otros puntos de la costa de Huelva. 'Debemos tratar de que el Consorcio que se creó para facilitar la autorregulación de los pescadores funcione bien para que tengan la seguridad de que sacan en cada momento el volumen de chirlas adecuado a las necesidades del mercado', añadió.

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