EE UU prepara una ley que impedirá a La Haya juzgar a sus tropas, incluso por la fuerza

Bush se opone al TPI y está buscando fórmulas para desligarse del tratado, firmado por Bill Clinton en las últimas semanas de su mandato. Pero no quiere que esa tormenta se desate justamente ahora, en vísperas de su primera intervención ante la Asamblea General de la ONU, prevista para finales de septiembre.

La Casa Blanca preferiría dejar pasar algún tiempo y escudarse en la previsible negativa del Senado, de mayoría demócrata, a ratificar el tratado, según informaba ayer The Washington Post. El presidente ya ha irritado lo bastante a sus aliados con sus posiciones sobre medio ambiente, proliferación nuclear y guerra biológica; lo que menos desea es comparecer ante la Asamblea General para anunciar que no paga la deuda (opción mala) o que considera al TPI como potencial objetivo militar (opción peor).

El texto de la ley, respaldada por una mayoría suficiente en la Cámara, en la que se incluyen 76 demócratas, es tan duro que algunos expertos en derecho internacional la llaman 'ley de invasión de La Haya'. No sólo rechaza que el TPI pueda encausar a estadounidenses. Además, impediría que Estados Unidos prestara ayuda militar a todo país ajeno a la OTAN que ratificara el tratado fundacional del TPI, prohibiría que tropas estadounidenses participaran en misiones de paz de la ONU si no se les concediera inmunidad expresa frente a la jurisdicción del TPI, y autorizaría al presidente a utilizar la fuerza para liberar a todo estadounidense, o ciudadano de un país aliado, que fuera detenido por orden de ese tribunal.

El Gobierno de Estados Unidos accedió en diciembre pasado a pagar los atrasos de sus contribuciones a la ONU, fijados en torno a los mil millones de dólares (unos 380.000 millones de pesetas) tras una compleja negociación dirigida por el entonces embajador ante la organización, Richard Holbrooke.

El pago debe hacerse en tres plazos, el mayor de los cuales, de 582 millones de dólares, corresponde a este año. George W. Bush quiere que la suma esté liquidada antes de su viaje a Nueva York el 24 de septiembre. Pero la Cámara de Representantes no termina las vacaciones hasta el 5 de ese mes, lo que deja sólo tres semanas para resolver el conflicto.

Mientras tanto, delegados de la Casa Blanca negocian con el presidente del Comité de Relaciones Internacionales, Henry Hyde, una fórmula que permita pagar el plazo sin lanzar aún la caballería contra el TPI. 'Todos estamos de acuerdo en que las personas que sirven los intereses de EE UU necesitan alguna protección (frente al TPI), por lo que el objetivo es pactar una simple modificación del lenguaje y de los plazos', declaró bajo anonimato a The Washington Post un alto cargo de la Casa Blanca.

Negros presagios

Aun en el caso de que Bush tenga éxito y el asunto del tribunal quede postergado hasta después de septiembre, la mayoría de los expertos pronostican graves consecuencias si EE UU se desvincula del tratado fundacional del TPI. Es previsible un conflicto legal: hace falta ratificar el tratado, cosa que corresponde al Senado, para acogerse a la cláusula de retirada prevista en el mismo. La Convención de Viena sobre Tratados Internacionales es muy clara sobre ese punto. Si el proceso de ratificación no se completa, lo cual parece muy difícil, es legalmente imposible la retirada. Aún más graves pueden ser las consecuencias diplomáticas si EE UU sienta ese precedente. 'Hay muchos tratados que nosotros hemos ratificado y otros países firmantes todavía no. Si nosotros rehusamos asumir nuestros compromisos, otros países considerarán que eso es aceptable y harán lo mismo', declaró Michael Glennon, un especialista en derecho internacional de la Universidad de California que encabezó la delegación estadounidense en las negociaciones sobre el TPI.