La Xunta avala un plan privado en Ferrol para almacenar gas frente al arsenal de la Armada

La Administración y la empresa Reganosa alegan que la planta, de importancia 'estratégica' para la economía gallega, sólo es viable en la nueva ubicación.

Nadie en Ferrol, centro de un conglomerado urbano de cerca de 200.000 habitantes que aún convalece de la crisis de los astilleros, está en contra de la planta de gas, un proyecto que, según sus promotores, creará 200 empleos directos y otros 150 inducidos con una inversión de 39.000 millones de pesetas. Pero la ubicación divide a las administraciones, a los ciudadanos y a los partidos. La Xunta y el PP apoyan el nuevo emplazamiento, así como el municipio que lo acogería, Mugardos, gobernado por el PSOE. En contra están los Ayuntamientos de Ferrol y otras localidades del extrarradio, así como un comité ciudadano que preside el general en la reserva José Manuel Gabeiras Montero, ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.

El proyecto original se elaboró en 1994 por la entonces empresa pública Enagás. 'La sociedad y el Ministerio de Industria hicieron estudios muy rigurosos', recuerda Xaime Bello, alcalde de Ferrol por el BNG. 'Sus conclusiones fueron claras: el lugar ideal era cabo Prioriño, a la entrada de la ría'. A favor de ese emplazamiento había diversos factores: los grandes buques metaneros -con unos 280 metros de eslora y 45 de manga- no tendrían que entrar en una ría con un largo historial de accidentes marítimos, y la planta estaría alejada de núcleos de población importantes y separada de la ciudad por una montaña.

Pero ese proyecto fue abandonado en 1999, cuando Enagás se privatizó. Entonces apareció en escena el empresario gallego Roberto Tojeiro, con intereses en el sector de la madera y de las grandes superficies comerciales y una amistosa relación con el Gobierno de Manuel Fraga (su consejero de Economía, José Antonio Orza, ocupó en el pasado puestos directivos en el grupo empresarial). Tras largas negociaciones, Tojeiro acabó asociándose con Endesa, Fenosa, Caixa Galicia, Caixanova, la Xunta y una sociedad pública argelina exportadora de gas natural para constituir Reganosa.

Desde una década atrás, Tojeiro tenía un muelle construido en una concesión pública en Mugardos, justo enfrente a la ciudad de Ferrol -a poco más de un kilómetro- y a sus instalaciones militares, sede de la capitanía general de la Zona Marítima del Cantábrico, donde suelen fondear buques de guerra españoles y de la OTAN. En ese muelle de Mugardos se descargan sustancias químicas para las empresas madereras de Tojeiro, y Reganosa planteó que sería también el lugar adecuado para emplazar, del modo más rápido, los dos tanques con capacidad para 150.000 metros cúbicos cada uno que llevaría la planta de regasificación (devuelve al estado gaseoso el producto que los buques transportan licuado).

La Autoridad Portuaria de Ferrol -que dentro de unos meses empezará a construir un nuevo puerto exterior a la ría en el mismo lugar donde se iba a emplazar en un principio la planta de gas- no acogió el proyecto con excesivo entusiasmo. Pero la Xunta destituyó de modo fulminante a su presidente, y, con la llegada de un nuevo equipo, el pasado marzo, desaparecieron los obstáculos a los planes de Reganosa. La autorización definitiva de la planta depende ahora del Ministerio de Economía, ante el que han presentado alegaciones los ayuntamientos y grupos discrepantes.

Los contrarios a la nueva ubicación esgrimen estudios en los que se señala que, en el peor de los accidentes posibles en los tanques de gas -una posibilidad muy remota, en todo caso- se extendería una nube inflamable en un radio de 2,5 kilómetros. También aluden al historial de siniestros marítimos en la ría de Ferrol. El general Gabeiras subraya la proximidad de las instalaciones militares, 'consideradas un lugar estratégico para la defensa nacional', y emplaza a la Armada a que se pronuncie.

La empresa, por su parte, recuerda que el tráfico de metaneros (vacíos, eso sí) es habitual desde hace años en la ría de Ferrol, adonde acuden para reparaciones, sin que se produjese nunca un accidente. La Xunta y Reganosa garantizan la seguridad de la planta e insisten en que es un proyecto de importancia estratégica para la economía gallega. Además, sostienen que el emplazamiento original demoraría su construcción tres años más -pretenden abrirla en 2004-, lo que les haría perder ventajas en un mercado que se acaba de liberalizar.