El caso del robo de los sumarios de Gil fue de juez en juez sin que ninguno actuase

El asunto del robo de sumarios relacionados con Jesús Gil estuvo rodando por diversos juzgados de Marbella durante 18 días sin que ningún juez o fiscal se decidiera a iniciar una investigación formal. Fuentes judiciales caso reconocieron ayer 'errores importantes' en la actuación de los magistrados afectados y de la Fiscalía de Marbella y señalaron que 'tanto los jueces como los fiscales tenían capacidad y obligación de abrir diligencias previas'.

El primero en advertir la desaparición de archivos informáticos y expedientes el pasado 23 de julio fue el titular del Juzgado de Instrucción número siete, Juan Carlos Hernández Oliver, quien optó por abrir diligencias indeterminadas en lugar de previas. Esta fórmula no tiene valor procesal, y no da lugar a la actuación del fiscal. Sin embargo, las diligencias fueron remitidas al fiscal interino Ramón Luna -en Marbella tres de las nueve plazas de fiscales están sin cubrir-. Éste tampoco abrió diligencias previas ni informó a sus superiores; ni tampoco lo hizo la juez decana de Marbella, María Luisa de la Hera. 'El asunto estuvo peloteando todo el tiempo de un juzgado a otro sin que nadie se decidiera a iniciar una investigación', concluyeron las mismas fuentes.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Marbella, Isabel García Marcos, pidió ayer que se adopten medidas disciplinarias contra la juez decana y la Fiscalía de Marbella por la 'extraordinaria negligencia' con la que se ha actuado. El PSOE, que ejerce la acusación particular en la mayoría de los casos sustraídos, solicitó 'la apertura de expedientes informativos y, si procede, disciplinarios'. 'Ha llegado el momento de que la Junta, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Consejo General del Poder Judicial metan mano a los juzgados de Marbella', dijo García Marcos.

Clave detectada

La investigación del caso ha recaído finalmente sobre la titular del Juzgado de Instrucción número dos de Marbella, Blanca Esther Díez, quien tendrá que interrogar a todo el personal de los juzgados en busca de culpables.

De momento, los rastreos informáticos han permitido detectar el ordenador desde el que se borraron los archivos del juzgado número uno, lo que 'no implica que la persona que tiene asignado ese ordenador sea culpable, porque el borrado se hizo en las horas en que sale a desayunar', según la delegada de Justicia de la Junta en Málaga, Aurora Santos.

En cuanto a los sumarios desaparecidos, se baraja la posibilidad de que se sacaran por una puerta de la primera planta conocida sólo por el personal que da acceso directo a la calle. La Junta de Andalucía, responsable de la seguridad del edificio, se comprometió a clausurar dicha salida, y también a reforzar las medidas de seguridad de los juzgados, pero entiende que un solo vigilante es suficiente para los juzgados.