La fiscalía trata de determinar el total de los casos sustraídos
La fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga dio ayer orden a los juzgados de Marbella de que examinen todos los procedimientos que instruyen en los que está implicado el alcalde, Jesús Gil, para determinar con exactitud cuáles han sido sustraídos. Hasta ayer había constancia de la desaparición de 15 sumarios, 11 de ellos por delitos urbanísticos, pero la fiscalía cree que puede haber más.
Entre los sumarios desaparecidos llama la atención por su volumen los 20.000 folios en 40 tomos del caso de los caballos, por el que Gil será juzgado en diciembre por prevaricación y malversación en el patrocinio por el Ayuntamiento de caballos de su propiedad. Este sumario es una pieza separada del caso planeamiento, en el que se investigan los patrocinios de las empresas municipales, y del que también se desgajó el caso Atlético, en el que Gil fue condenado a 28 años de inhabilitación por tráfico de influencia y prevaricación en los contratos para poner el nombre de Marbella en las camisetas del Atlético de Madrid.
Del juzgado número 5 han desaparecido nueve de los diez tomos de unos 400 folios cada uno que forman el sumario del caso de la estatua rusa. En él, Gil aparece imputado de presuntos delitos de falsedad documental, malversación y prevaricación por el pago en metálico y con tres parcelas al escultor ruso Tsereteli a cambio de una estatua que supuestamente donó el Ayuntamiento de Moscú. Este juzgado instruye además una posible malversación en el desplazamiento de agentes de la policía local a Ceuta para que escoltaran a la diputada tránsfuga Susana Bermúdez, cuyo voto fue decisivo para que el Grupo Independiente Liberal (GIL) consiguiera la presidencia de la ciudad autónoma en 1999.
'Caso Herrero' Del juzgado número 1 ha sido robado el sumario del caso Belmonsa, en el que se investiga un presunto delito urbanístico por conceder licencia para un edificio de 13 plantas en una parcela calificada de zona verde en el Plan General de Ordenación Urbana. Este mismo juzgado instruye el llamado caso Herrero, por la concesión de una licencia a la familia del fallecido periodista Antonio Herrero para construir un edificio que invadía zona verde y con más altura de la permitida en el planeamiento. Este es uno de los primeros casos por delito urbanístico que ha llegado a fase de juicio -está pendiente de fecha-, en el que el fiscal pide para Gil 18 meses de prisión.
El juzgado número 1 comenzó la instrucción de una querella de la Fiscalía Anticorrupción en la que se acusa Gil de desviar 5.000 millones de las arcas municipales mediante facturas falsas. La suerte del caso está pendiente de que el Tribunal Supremo decida si su instrucción corresponde a este juzgado o a la Audiencia Nacional. En el juzgado número 1 se siguen también otras dos causas por concesión de licencias de edificación en zona verde, una para seis chalés (caso Moansa), y otra para la discoteca de Olivia Valére.
