Casos complejos, jueces jóvenes y fuertes presiones

Marbella aparece en un informe reciente del Consejo General del Poder Judicial como uno de los cinco destinos que más rechazan los jueces españoles. La ciudad malagueña está considerada desde hace décadas como una plaza conflictiva. Pero la llegada de Jesús Gil a la alcaldía, en 1991, ha multiplicado el volumen de casos y la presión que soportan los jueces, sobre todo los que han instruido procedimientos en su contra. Por si fuera poco, el reciente robo de sumarios relacionados con Gil ha resucitado las sospechas que planearon en los años ochenta sobre una posible trama de corrupción en los Juzgados.

Entre agosto de 2000 y enero de este año, cuatro de los siete magistrados de Marbella pidieron el traslado a otras plazas 'menos conflictivas'. La lista la inauguró el titular del Juzgado número 7, Santiago Torres, quien abandonó Marbella después de instruir el caso de las camisetas, por el que Jesús Gil ha sido condenado a 28 años de inhabilitación. Su actuación en éste y otros procedimientos, como el caso de los caballos y el casoBelmonsa, desató airadas críticas por parte del alcalde, que aún continúa dedicándole insultos.

A éste le siguieron Fructuoso Jimeno, titular del Juzgado número 6; Antonio Navas, del número 4; y Antonio Ruiz Villén, del 5. Las deserciones de magistrados hicieron temer el colapso en los juzgados de Marbella, que tramitan al año una media de 2.000 diligencias previas, 450 asuntos civiles y 600 juicios de faltas. De todo esto se calcula que a Jesús Gil le corresponden unos 250 procedimientos. Dos de las cuatro vacantes se cubrieron hace un mes, mientras que Ruiz Villén y Navas están en comisión de servicio.

La media de edad de los jueces de Marbella es de unos 40 años. Prácticamente ninguno supera los diez años en esta plaza, en la que muchos se estrenaron profesionalmente. El desembarco del nuevo titular del Juzgado número 7, Juan Carlos Hernández Oliver, ha sido un tanto accidentado. No sólo le ha correspondido uno de los juzgados más polémicos, sino que además ha sido el primero en detectar la desaparición de sumarios, cuya investigación ya ha iniciado la juez del número 2, Blanca Esther Díez.

Casualmente fue ésta la juez que en el año 1993 emprendió una cruzada personal contra el antiguo oficial de los juzgados, Juan Ramírez Rodríguez, padre de la ex decana, Pilar Ramírez Balboteo. El caso derivó en la denuncia de una trama de corrupción en la que Díez, entonces titular del Juzgado número 4, implicó a dos jueces -entre ellos Ramírez-, tres abogados de Marbella e incluso a un miembro del Consejo General del Poder Judicial. La magistrada alertó de la existencia de una 'compleja infraestructura' para realizar actos delictivos tales como estafa, falsedades y prevaricación, y citó en un auto hasta 18 casos distintos de supuesta corrupción.

Aquello no llegó a ninguna parte, pero llovía sobre mojado. Las andanzas de este antiguo oficial de los juzgados fueron detectadas mucho antes de que estallase el caso Casino, donde se le acusó de la venta fraudulenta del Casino de Andalucía en connivencia con Felice Cultrera y Gianni Meninno, dos presuntos mafiosos afincados en Marbella.

En 1987 el juez Baltasar Garzón, cuando era inspector del CGPJ, alertó de las maniobras de Juan Ramírez, al que definió como 'un caldo de cultivo propicio para la existencia de corrupción'. Cuatro años antes, el fiscal antidroga de Málaga, Gabriel Ruiz de Almodóvar, había ordenado que se le investigara.