El dueño de Gescartera dice que perdió los 18.000 millones en la Bolsa

Antonio Camacho, apoderado y principal accionista de Gescartera, declaró ayer a petición propia ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, en una comparecencia que había suscitado muchas expectativas para aclarar dónde están los 18.000 millones que no aparecen en la agencia de valores, entre otras dudas suscitadas en este escándalo. Pero Camacho, impecablemente vestido y con gran aplomo, aseguró que el dinero se ha perdido en Bolsa, por malas operaciones que se venían arrastrando desde 1989, y que él no se ha hecho con dinero ajeno. Negó, por tanto, estafa o apropiación indebida de esos capitales y atribuyó la desaparición del dinero de los clientes de Gescartera a una mala gestión durante más de diez años, aunque no aportó ninguna prueba documental de estas afirmaciones.

Las declaraciones del dueño de Gescartera contrastan con los datos conocidos hasta ahora. Ayer mismo, por ejemplo, según apuntaron fuentes de la acusación, los 1.500 millones de pesetas que invirtió en Gescartera la Mutualidad de la Policía el 25 de febrero de 2000 fueron a parar a una cuenta de la sociedad BC Finconsult, perteneciente al grupo Gescartera, y donde Camacho fue apoderado hasta octubre de 2000. Este trasvase de dinero se produjo el mismo día del ingreso del cheque en una sucursal de La Caixa en Majadahonda (Madrid) desde la cuenta de Gescartera a la de BC Finconsult.

En su comparecencia ante la juez, Camacho, trasladado a la Audiencia Nacional desde la prisión de Soto del Real, se limitó a leer sus declaraciones y únicamente respondió a las preguntas de la juez y del fiscal, y se negó a contestar a las cuestiones de los abogados de la acusación. Miguel Bajo, abogado de Camacho, explicó que en último intento por salvar las pérdidas de Gescartera, la sociedad había invertido en acciones de Sniace y de Radiotrónica y que la creación en Estados Unidos de la sociedad Martin Investment, obra de Camacho, según reconoció, respondía a ese mismo fin de conseguir 'financiación' para tapar el agujero. Fuentes jurídicas aclararon que con Martin Investment, Camacho pretendía encontrar un socio extranjero al que engañar, que le aportara dinero para cubrir el agujero actual. Esta forma de actuar, basada en la búsqueda de capitales frescos para ir cubriendo los quebrantos, ha sido la tónica de la operativa del máximo responsable de Gescartera en su trayectoria como intermediario. Un sistema que le sirvió hasta marzo de 2001, cuando encontraba muchas dificultades para atender las devoluciones de capitales que le exigían sus clientes.

Según Miguel Bajo, las pérdidas de Gescartera se arrastraban ya desde 1989, cuando todavía era Bolsa Consulting -chiringuito financiero que fue multado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por operar sin licencia- con un desfase de cerca de 1.500 millones de pesetas. Cuando Camacho creó la sociedad gestora de carteras Gescartera asumió ese quebranto, que se fue haciendo cada vez más grande -se elevó a 4.000 millones en 1994- y con el paso de los años hasta los 18.000 millones en los que se cuantifica el agujero actual, que supone la pérdida de la práctica totalidad de los ahorros de sus clientes, ya que la CNMV sólo ha encontrado 219 millones. Durante todos estos años, la CNMV, aparentemente, nunca descubrió la graves situación en la que se encontraba la sociedad.

Camacho declaró que llevaba una contabilidad paralela y ofrecía a la CNMV sólo una parte de las cuentas de la firma, ya que el resto de clientes estaban financiando a los anteriores, en la típica estafa piramidal. Este dinero no lo daba de alta entre el patrimonio gestionado.

El abogado de Camacho también indicó que sus propiedades (chalés de lujo, viviendas, automóviles) procedían de sus otras actividades como empresario de la construcción e inmobiliario. El letrado Francisco Sáinz apunta que el delito de estafa lleva penas de 4 a 8 años de cárcel y en este caso se dan los agravantes del número de afectados, tratarse de bienes de primera necesidad y abuso en las relaciones personales. Asimismo, podría concurrir un delito de falsificación en documento mercantil, con penas que van de 6 meses a 3 años.