Las responsabilidades
El conocimiento detallado del escándalo Gescartera, en el que aparece un desfalco colosal de al menos 18.000 millones de pesetas, confirma que existen graves responsabilidades que deben exigirse tanto al organismo regulador del mercado financiero -la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)- como al Gobierno, cuyo Ministerio de Economía aprobó la conversión de la sociedad de cartera Bolsa Consulting en agencia de valores. La declaración ante la juez, ayer, del principal acusado en el caso, Antonio Rafael Camacho, refuerza la urgencia de exigir responsabilidades.
Según la declaración del principal accionista de la agencia de valores, el dinero de los clientes que se ha evaporado se perdió por desafortunadas operaciones en Bolsa. No hubo, por tanto, según la versión de Camacho, ni estafa, ni apropiación indebida, sino minusvalías. Para cubrir tales minusvalías, la sociedad presidida por Pilar Giménez-Reyna montó un sistema de pirámide -pagar o devolver el dinero de los clientes antiguos con el dinero procedente de los nuevos-, y la bola de nieve, que ya venía de lejos, según el propio Camacho, se convirtió en los casi 20.000 millones actuales de agujero. Esta explicación, aderezada con el reconocimiento de que tenía una doble contabilidad para engañar a la CNMV, debe ser tomada con todas las cautelas; aunque existan muchas dudas sobre la credibilidad del declarante, es evidente que el chiringuito financiero de Camacho operó durante muchos años al margen de la ley, con absoluta impunidad.
¿Cómo es posible entonces que quien podía y debía hacerlo no interpretara correctamente los indicios de fraude latentes en las denuncias de los clientes, como el arzobispado de Valladolid, y la resistencia a la actuación inspectora y, por el contrario, elevara de rango al chiringuito de Camacho en la misma sesión del Consejo en la que se le sancionaba por 'obstrucción a la acción supervisora'? Existen indicios suficientes para temer que hubo negligencia por parte de los responsables de la supervisión, quizá a la espera de que el dinero fuera restituido o quizás atemorizados por las implicaciones de un escándalo en el que hubieran participado algunos funcionarios de la CNMV.
¿Y cómo es posible que el Ministerio de Economía, impulsor por cierto de cambios regresivos para la transparencia informativa de las sanciones en la Ley del Mercado de Valores, desconociera también los antecedentes de Camacho y sus socios? Varias instituciones públicas -el Ministerio de Defensa, la Guardia Civil, el grupo público de Astilleros- confiaron cantidades importantes de dinero a Gescartera, cuando lo lógico y prudente hubiera sido recurrir a instituciones financieras más sólidas y conocidas. El Gobierno debe investigar a fondo las razones de tan inusual confianza en una sociedad inversora que no reunía las condiciones de solvencia y reputación adecuadas. Al Ministerio de Economía le cabe asimismo la responsabilidad de haber permitido un ablandamiento de los sistemas de supervisión y control sobre las sociedades de cartera y agencias de valores, reduciendo la discrecionalidad de los organismos públicos, tanto en la obligación de inspeccionar como en la de informar sobre las sanciones.
La estafa es lo suficientemente grave e inquietante acerca de las posibles prácticas colusorias entre algunos funcionarios públicos y las actividades de los chiringuitos financieros, como para exigir una Comisión de Investigación en el Parlamento que esclarezca todo lo que hoy se revela como incomprensible y depure las responsabilidades personales y políticas del caso. Resulta que el Partido Popular y el Gobierno ofrecen una subcomisión cuya función no es propiamente investigadora, sino 'de estudio'. Con ello transmiten el mensaje de que se están esforzando en echar tierra al asunto. Porque si algo está claro en el caso Gescartera es precisamente que no han funcionado los organismos de control, por mucho que lo repitan el presidente Aznar, sus ministros y los dirigentes de su partido.
