Desalojo urbano

Ayer, de madrugada, un centenar de inmigrantes subsaharianos sin papeles que dormían desde principios de mayo en la plaza de Catalunya de Barcelona fueron desalojados por la Guardia Urbana. No hubo violencia por parte de los agentes, ni tampoco resistencia por la del grupo de africanos. Simplemente se les indicó que ahí no podían pernoctar y ellos levantaron el campo. El Ayuntamiento justifica su actuación subrayando que entre sus obligaciones figura la de preservar para todos los ciudadanos un espacio público del que ningún colectivo tiene el derecho a apropiarse. Es un argumento, pero lo mismo puede decirse de la plaza de Espanya, donde, frente a las dependencias de la Cruz Roja y del Servicio de Atención a Inmigrantes y Refugiados (servicios que ayer quedaron colapsados) se han instalado ahora los inmigrantes.

Procedentes en su mayoría de Nigeria, aunque ellos aseguran que vienen de Sierra Leona, país en guerra al que no se les puede devolver, estos inmigrantes tienen muy difícil, por no decir imposible, regularizar su situación en España. El plazo para hacerlo expiró el 31 de julio y en cualquier caso es poco probable que ninguno de ellos pudiera acreditar una estancia en el territorio nacional anterior al 23 de enero. El problema es humanitario y de sentido común. Está claro que una actitud permisiva del Ayuntamiento alentaría nuevas iniciativas, pero limitarse a echar a los inmigrantes de una plaza sin darles ninguna asistencia ni alternativa equivale a desplazar el problema de una plaza a otra. No son conflictos fáciles de resolver. Sin embargo, la imprevisión con que en éste y otros casos actúan las administraciones indica que falta mucha sensibilidad para que personas perseguidas hasta Europa por la miseria de sus lugares de origen se sientan tratadas como lo que son: personas, precisamente.