Cuba confisca por 'enriquecimiento indebido' cientos de casas a nacionales y extranjeros

En los años sesenta, las mansiones y casas de los que abandonaban Cuba huyendo de la revolución eran nacionalizadas inexorablemente por el Gobierno de Fidel Castro. Cuatro décadas después, la historia se repite, pero a la inversa: como parte de la ofensiva ideológica y del proceso de 'lucha contra las ilegalidades' que se vive hoy en la isla, cientos de casas compradas en los últimos años bajo mano por extranjeros, exiliados o nuevos ricos cubanos, están siendo confiscadas. Las autoridades han convertido algunas en centros de salud y destinado otras a usos sociales.

El diario oficial Granma ofreció en julio la siguiente cifra: en el año 2000 se confiscaron más de 1.400 viviendas, se expulsó de ellas a 548 'ocupantes ilegales' y se impusieron multas por valor de 285 millones de pesetas. El proceso continúa y cada mes se hacen nuevas investigaciones y decomisos. Una buena parte de las casas confiscadas hasta ahora estaban en barrios lujosos de La Habana, en playas como las de Santa Fe y Guanabo, y en otros lugares menos llamativos; muchas habían sido adquiridas de forma ilegal por extranjeros o nuevos ricos cubanos que enmascaraban la compraventa (ilegal en la isla, incluso entre cubanos) como si fuese una simple permuta, un intercambio de viviendas.

Según The Miami Herald, son muchos los exiliados residentes en EE UU que han comprado ilegalmente casas en La Habana, Varadero y otros lugares de Cuba y las han puesto a nombre de sus familiares en la isla. Lo mismo han hecho los extranjeros con novia o amigos en Cuba, esperando que 'las cosas cambien después de Castro' para regularizar su situación y que sus propiedades se revaloricen.

Además, está el caso de los macetas o nuevos ricos cubanos residentes en la isla con acceso a dólares y que han comprado o reformado viviendas hasta convertirlas en mansiones. Para las autoridades, más allá de poner orden y de luchar contra el delito, las confiscaciones en todos estos casos tienen motivos políticos. 'El día en que el dinero distribuya las viviendas del país, estaremos divididos en clases sociales, y eso no lo permitiremos', ha indicado Juan Contino, el presidente de los Comités de Defensa de la Revolución.

Empresas españolas

Aparte del caso de los nuevos ricos, el Gobierno no está por la labor de tolerar que ciudadanos extranjeros o exiliados cubanos adquieran bajo manga propiedades. Un ejemplo claro tuvo lugar hace dos años, cuando el Ministerio de Inversión Extranjera decidió suspender temporalmente las nuevas inversiones en la construcción de viviendas para extranjeros. Diecisiete empresas, varias españolas, habían sido autorizadas en ese momento a fabricar 2.300 apartamentos en la capital, pero las autoridades dieron la orden de parar. Se generó inquietud y preocupación en la comunidad empresarial. La ministra de Inversiones Extranjeras, Marta Lomas, calmó los ánimos al asegurar que se trataba de una 'suspensión temporal', además sólo aplicable a La Habana. Los 500 apartamentos hasta ese momento vendidos o comprometidos con extranjeros, se respetarían, dijo. El resto sería comprado por empresas estatales para su alquiler.

Las autoridades dieron motivos diversos para justificar la medida, pero uno de los de más peso era que sólo el 90% de los compradores de los 500 apartamentos eran extranjeros sin vínculos con Cuba, cuando uno de los objetivos de la apertura era resolver el déficit de viviendas para empresarios y diplomáticos residentes en la isla. Otra razón era que la venta de apartamentos a extranjeros, cuando los cubanos no pueden comprar una vivienda, sino sólo permutarla, generaba contradicciones.

Desde enero de 1959, todo el que se marchaba para no volver perdía sus propiedades. Esta política ha permanecido invariable. Pero ahora también todo el que llega, extranjero o nuevo rico, con ánimo de hacer una compra barata pensando en el día después, ha de sopesarlo. En 2000 se aprobó el decreto 211, que otorga al Instituto de la Vivienda el derecho de autorizar construcciones y reformas y de confiscar viviendas en caso de infracciones.