Pilar Valiente se opuso a que la Comisión de Valores hiciese pública la sanción a Gescartera

La actual presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Pilar Valiente, se opuso a que se hiciese pública la sanción a Gescartera, impuesta en el consejo de este organismo celebrado el 13 de julio de 2000, según las fuentes consultadas. Aquel día, el consejo de la CNMV aprobó, por unanimidad, elevar a Gescartera a la categoría de agencia de valores. Y también por unanimidad aprobó dos sanciones, una a la sociedad (de siete millones) y otra a sus responsables (Antonio Camacho y José María Ruiz de la Serna), de tres millones, por 'infracciones graves'. Pero a la hora de decidir si se hacían públicas o no estas sanciones (la ley permite ambas posibilidades), no había unanimidad.

Una parte del consejo prefería dar a conocer las sanciones, para que los mercados y los inversores conociesen este borrón en el expediente de alguien que maneja dinero de los demás, y favorecer así la transparencia del sistema financiero español. Otra parte se oponía.

Gescartera, de donde han desaparecido misteriosamente casi 20.000 millones de pesetas, era hasta ese momento una sociedad de cartera cuya vicepresidencia recaía en Pilar Giménez-Reyna, hermana del entonces secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna. El jefe de este último, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, nombra a algunos miembros del consejo de la CNMV y eventualmente acabaría eligiendo a Pilar Valiente para ocupar la presidencia del organismo en octubre del año pasado.

Debate insoluble El debate sobre la conveniencia de publicar o no las sanciones se revela insoluble (como en otras ocasiones anteriores), por lo que no se planteó una votación (un procedimiento que por lo general no se da nunca en un consejo), que el presidente hubiese tenido todas las de perder, y que hubiese quedado reflejada en el acta de la sesión. Las actas del consejo de la CNMV son secretas.

Tres de sus miembros (Luis Ramallo, vicepresidente, Pilar Valiente, consejera, y José María Roldán, consejero) se oponían a dar a conocer la sanción a Gescartera, según las mismas fuentes. Una eventual votación dejaba en minoría al entonces presidente, Juan Fernández-Armesto. Además del consejero José Manuel Barberán, había dos personas más en el consejo, denominadas consejeros natos en función de su cargo: el subgobernador del Banco de España, en aquel momento Miguel Martín, y la directora del Tesoro, Gloria Hernández.

Mientras Martín se alineaba, por lo general, con las posiciones del presidente en estos temas, la secretaria del Tesoro, Gloria Hernández, dependiente jerárquicamente del ministro de Economía, Rodrigo Rato, no siempre lo hacía.

Así las cosas, Pilar Valiente, con la ayuda de Ramallo (un destacado ex diputado del PP) y José María Roldán, impuso su criterio frente al del presidente, Juan Fernández-Armesto, bajo cuyo mandato (al igual que bajo el de su antecesor, Luis Carlos Croisser), se hacían públicas, por lo general, las sanciones impuestas.

Hay que precisar que ni Valiente ni Ramallo ni Roldán se opusieron solamente a que se publicase la sanción de Gescartera, sino que se trataba de una política más general que aplicaban sistemáticamente a todos los casos. Ramallo ha justificado esta política con el argumento de que no era partidario de ello, porque no deseaba perjudicar a personas que luego podían demostrar su inocencia.

La posición de Valiente resulta completamente ajustada a la legislación, que para faltas graves, como la impuesta a Gescartera, prevé que se pueda publicar la sanción, aunque no obliga a ello (Ley del Mercado de Valores, artículo 103). Así que que su resistencia a hacer pública la multa no hubiera tenido mayor trascendencia de no haber sucedido lo que vino después.

Daño político Los responsables de Gescartera, para entonces ya presidida por la hermana del secretario de Estado de Hacienda, escamotearon casi 20.000 millones del dinero de sus clientes, hasta que, en junio de este año estalla el escándalo, probablemente el más sonado de todo el Gobierno del PP. Fuentes del mercado coinciden en que, de haberse hecho pública la sanción, quizá se hubiese podido evitar que Gescartera, como ha sucedido, acabase en la Audiencia Nacional, con miles de millones desaparecidos, y más de 2.000 inversores afectados. Quizá no.

Visto en retrospectiva, resulta evidente que la revelación de que la actual presidenta de la CNMV se opuso a publicar la sanción a Gescartera (y en general a otras agencias), puede resultar, políticamente al menos, dañina. Por ello, Valiente, en su intervención en el Congreso de esta semana, soslayó cuidadosamente este punto.

Para explicar que la sanción no se hubiese hecho pública en su día, una demanda insistente de la oposición, Valiente dijo el jueves pasado a los diputados: 'Estas sanciones no fueron publicadas en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores. La Ley sólo prevé la publicación obligatoria de las sanciones impuestas por infracciones calificadas como muy graves'.

La explicación es correcta, pero insuficiente. Porque la ley, en el caso de las sanciones 'graves' (un escalón por debajo de las calificadas como 'muy graves') no obliga a hacer pública la multa. Pero sí permite hacerlo, una política que ha seguido sistemáticamente la CNMV en los últimos años, hasta la llegada de Valiente (primero como consejera y luego como presidenta), y de otros consejeros como Ramallo o en su día José María Roldán.