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ESCÁNDALO FINANCIERO

El PP anuncia una subcomisión para rechazar una comisión de investigación

El portavoz de economía del Grupo Popular, Vicente Martínez Pujalte, anunció ayer la creación de una subcomisión parlamentaria en el Congreso que, a partir de septiembre, acoja 'abundantes' comparecencias de altos cargos de la Administración y de entidades privadas en relación con el caso Gescartera.

El PP ofreció esta subcomisión para rechazar la reclamación que tanto el PSOE como Izquierda Unida hicieron ayer en el Congreso para que se cree una comisión de investigación sobre el escándalo de Gescartera. Martínez Pujalte dijo que no hay lugar para la comisión de investigación porque 'eso sería como reconocer que ha habido dolo en la conducta del Gobierno, y no hay tal'. Y defendió la subcomisión porque así se garantiza 'la transparencia' en la búsqueda de una mejora del control de los mercados financieros.

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Martínez Pujalte adelantó que el PP solicitará las comparecencias del vicepresidente primero y ministro de Economía, Rodrigo Rato; la directora general del Tesoro; la directora general de Seguros; el secretario de Estado de Defensa; el presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC). También serán citados representantes de entidades privadas como la Mutualidad de Policías (el primer damnificado por Gescartera) y la ONCE, accionista de referencia de Gescartera.

Indemnización

Por otra parte, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy, por la vía de urgencia, un real decreto para indemnizar a los ahorradores que, como en el caso Gescartera, se vean atrapados porque la sociedad o agencia de valores en la que tengan sus ahorros quiebre o sea declarada insolvente. Esa indemnización, además, tendrá efectos retroactivos.

Economía explicó ayer que este decreto cuantifica en 20.000 euros (unos 3,3 millones de pesetas) la cantidad máxima de la indemnización y subrayó que sólo protege a los pequeños inversores y no a los institucionales. Para pagar, en el futuro, a los pequeños inversores, el decreto obliga a todas las sociedades y agencias de valores que no sean miembros de Bolsa (es decir, a aquellas que sean como Gescartera) a 'adherirse obligatoriamente' a ese nuevo Fondo de Garantía de Inversiones.

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