Economía elevó el rango a Gescartera sin usar la ley que le permitía impedirlo

La Ley del Mercado de Valores enumera las causas por las que el Ministerio de Economía puede denegar la constitución de una empresa de servicios de inversión. Una es la 'honorabilidad empresarial y profesional de los accionistas'. Otra que en esa empresa haya 'graves dificultades para inspeccionarla u obtener la información que la CNMV estime necesaria'.

Precisamente por la dificultad para inspeccionar Gescartera y obtener la información necesaria, la CNMV la multó con siete millones de pesetas en julio del pasado año. El Gobierno no hizo uso de estas prerrogativas para, en septiembre, bloquear el ascenso de Gescartera, y firmó la autorización aprobada por la CNMV. Cuando Economía firma la autorización, la presidenta de Gescartera pasa a ser Pilar Giménez-Reyna, hermana del entonces secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna. El descontrol de Gescartera ha causado un agujero en el que se han volatilizado casi 20.000 millones de pesetas.

En ningún artículo de la ley del mercado de valores se define lo que es la 'honorabilidad', pero el jueves la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Pilar Valiente, expuso qué entiende la CNMV por esa cualidad: 'La ley exige honorabilidad y experiencia a los miembros del consejo de administración y a los cargos directivos de las empresas de servicios de inversión. En cuanto a la honorabilidad, ninguno de los nuevos administradores había sido sancionado por la CNMV'.

Los nuevos directivos de Gescartera no habían sido sancionados, luego eran honorables, según Pilar Valiente. Y deben serlo, porque así lo recoge el artículo 67.2 de la ley de mercado de valores. Esa ley, en su artículo 67.1, liga la 'autorización' que Economía tiene que dar para que se constituyan estas empresas a 'la honorabilidad empresarial y profesional de sus accionistas'. Si Valiente argumentó que los nuevos directivos eran honorables por no haber sido sancionados, no se entiende que cumpla esa condición el principal accionista de Gescartera, Antonio Camacho: fue sancionado por la CNMV el mismo día y en la misma sesión en la que su sociedad era promocionada, y ahora está en prisión provisional por estafa. Su presidenta, Pilar Giménez-Reyna, fue declarada honorable aquel día, al sobreseerse el expediente sancionador que había contra ella.

El ministro portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, defendió ayer la 'diligencia' de la CNMV y no consideró que ésta haya quedado manchada por la conjunción de decisiones adoptadas aquel 13 de julio de 2000.

Cabanillas aseguró que la voluntad del Gobierno es 'investigar a fondo y con todas sus consecuencias este asunto'. Y que, por eso, el Ejecutivo ha ordenado a la Agencia Tributaria que abra una investigación para ver si hubo 'irregularidades fiscales', es decir, dinero negro; ha encargado que se investigue la auditoría que bendecía las cuentas de Gescartera para averiguar las responsabilidades económicas y penales que pudo cometer; ha incoado 'diligencias informativas' sobre el posible incumplimiento de la ley de incompatibilidades por parte de Luis Ramallo, ex vicepresidente de la CNMV nombrado por el PP, y notario de Gescartera; ha abierto un expediente disciplinario sobre el coronel de la Guardia Civil José Giménez-Reyna, hermano de la presidenta de Gescartera y del ex secretario de Estado de Hacienda, por su responsabilidad en la inversión de 450 millones de pesetas del Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil en Gescartera, y ha abierto también un expediente informativo sobre los huérfanos de la Benemérita. El Gobierno, añadió Cabanillas, también investigará la inversión de la Mutua de la policía en Gescartera pero sin ánimo sancionador, porque esa organización es privada.

Y para que los ahorradores no lo pierdan todo, el Ejecutivo aprobó ayer la trasposición de una directiva comunitaria de 1993. Se pagará, con efectos retroactivos, una indemnización a los inversores privados de hasta 3,3 millones de pesetas. El fondo correrá a cargo de las empresas de inversión. Lo que desde el Gobierno se admite que aún no está claro es quién pagará las indemnizaciones por agujeros pasados, como el de Gescartera.