Una agencia de valores muy bien relacionada

Las relaciones en la agencia de valores Gescartera son muy diversas y van desde instituciones como la Guardia Civil hasta cantantes otrora famosos. Pero, tal vez, las más preocupantes son las que directamente relacionan a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con los propietarios y gestores de la agencia.

Ya lo dijo Pilar Giménez-Reyna, presidenta de Gescartera, que sus buenas relaciones sociales y laborales beneficiarían a Gescartera, máxime cuando su hermano Enrique Giménez-Reyna estaba de secretario de Estado de Hacienda. Así, clientes como la Fundación Prohuérfanos de la Guardia Civil, que se ha visto atrapada con más de 400 millones de pesetas, fueron captados dada su relación fraternal con el coronel José Giménez-Reyna. También compañías pertenecientes a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) han encontrado en la relación familiar -Francisco Giménez-Reyna es administrador de una filial de la SEPI- un quebranto importante.

Pilar Giménez-Reyna estaba muy bien relacionada y también ayudó a la captación de clientes vinculados a la Iglesia, como el Arzobispado de Valladolid o el de Astorga. Ayer mismo se conocía que los Salesianos de Sevilla habían colocado en la firma 80 millones de pesetas. La Policía Nacional, con 1.500 millones, y los 300 millones invertidos por la Armada, que conseguió rescatar in extremis, dan buena cuenta de lo bien relacionada que estaba esta recién autorizada agencia de valores.

Para que no faltase la farándula, Jaime García Morey fue nombrado director del holding Gescartera 2000 y, al tiempo, asesoraba también al presidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana.

Más graves son las relaciones de Gescartera con la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, sobre todo, con los departamentos de supervisión. Antonio Camacho, principal accionista de Gescartera, actualmente en prisión, declaró ante la juez Teresa Palacios su relación de amistad con Antonio Botella, actual director de supervisión del organismo supervisor. Pero, además, tenía en nómina a dos personas que habían trabajado para la CNMV durante cinco años.

José María Ruiz de la Serna, también apoderado de Gescartera y que no ha entrado en prisión por razones de salud, trabajó en la CNMV como técnico encargado en la supervisión de los intermediarios financieros. Por su parte, Salvador Alcaráz, que actualmente era el interventor general de la agencia de valores, también trabajó como técnico dedicado a estos menesteres en la CNMV.

Relaciones que, muy probablemente, sirvieron de lenitivo en las continuas inspecciones que soportó la gestora de carteras Gescartera y que se prolongaron por un periodo superior al año.

También existen relaciones de parentesco entre uno de los abogados de Gescartera, Alberto Alonso Ureba, y el ex secretario del consejo de la CNMV Antonio Alonso Ureba, que ejerció este cargo durante la aprobación de la transformación y durante el expediente abierto a la firma a lo largo de 1999 y que se prolongó hasta el año pasado.

En la renovación de cargos que realizó Pilar Valiente, situó al frente de la dirección general de entidades de valores a Juan Carlos Basallote Ureba, primo del abogado de Gescartera y del ex secretario del consejo.

También se han conocido las relaciones de Antonio Camacho con Luis Ramallo, ex vicrepreidente de la CNMV, que puso en contacto al principal accionista de Gescartera con un banco alemán interesado en la compra de una agencia de valores en España. Ramallo, en su condición de notario, también dio fe pública en documentos relacionados con Gescartera.

José María García Tejerina, delegado de Gescartera en Valladolid -una de las plazas más afectadas por esta presunta estafa-, es hermano de la secretaria general de Agricultura, Isabel García Tejerina.

Javier Valenzuela, quien fue responsable de Gescartera en Castilla-León, también fue director general de Minería a las órdenes de Miguel Pérez Villar. Ambos fueron condenados por el caso de la minería conocido en esta comunidad.