Cargos

El curso político andaluz ha terminado con el acuerdo de financiación entre los dos grandes partidos nacionales, PP y PSOE. No era posible seguir desarrollando el principio y fundamento constitucional del Estado autonómico sin que hubiera un gran acuerdo a medio y largo plazo sobre los recursos financieros y la capacidad de gestión que las autonomías deben tener sobre los mismos. Bien venido sea dicho acuerdo que impedirá, a partir de ahora, echar en cara sobre cualquier gobierno de Madrid las deficiencias de cada gobierno autónomo. Está bien que cada palo aguante su vela y que los ciudadanos sepamos quién y cómo se gobierna cada proporción de los impuestos.

La querella de las cajas de ahorro se remonta por otros caminos. Las cajas sevillanas están en proceso de renovación y ya veremos en el otoño lo que ha dado de sí la misma. Pero hablar de renovación es mucho hablar, a la luz de las personas que están entrando en las asambleas y consejos de administración. Destaca por su armonía el de la Caja de Granada. PP y PSOE han llegado a un perfecto reparto de puestos que alcanza hasta la presidencia, de donde desalojan al ex consejero socialista de la Junta Julio Rodríguez. En ella han colocado a Antonio Claret, hasta ayer miembro de la ejecutiva regional del PSOE. No voy a poner en duda la capacidad de Claret, aunque de la misma sólo tengo noticias por el desempeño en la política institucional en la que viene jugando papel destacado desde 1982, al menos. Lo que debe preocupar es el modelo de exportación de puestos representativos y ejecutivos que, tanto PP como PSOE, están practicando cuando tienen ocasión. El Tribunal de Cuentas, el Banco de España, La Comisión de Control de Valores, los organismos de puertos, las Cajas de ahorro y algunas más son las instituciones a donde se destinan a reconocidos patas negras de los aparatos partidarios. No parece el mejor sistema para desarrollar una administración y unos sistemas financieros o de gestión independientes, profesionales y objetivos. El papel constitucional de los partidos como instrumentos para la participación política no debe llegar hasta considerarlos exclusivas academias de capacitación para puestos en el Estado.