Una carta marcada

El derecho a la autodeterminación es el fundamento de toda sociedad democráticamente constituida. El derecho a la autodeterminación es la fórmula del contrato social de Rousseau, que por eso es quien es en la historia de la teoría política. Al someterse al imperio de la ley, el ciudadano no se está sometiendo a una voluntad ajena, sino a su propia voluntad, que es un elemento constitutivo de la voluntad general. Este proceso empieza con el pacto constituyente y se renueva periódicamente de manera indefinida.

No hay, por tanto, democracia sin ejercicio real y efectivo de manera continuada del derecho a la autodeterminación. Lo que, sensu contrario, quiere decir que nadie en democracia está privado del ejercicio de tal derecho. Es imposible que lo esté.

Quiero decir que no se puede aceptar de entrada que se plantee en España que alguien está privado del ejercicio del derecho a la autodeterminación. Hay que negarse en redondo a aceptar este planteamiento. No hay, en mi opinión, tarea más urgente que desterrar el concepto de autodeterminación del debate político, porque su utilización no sólo envenena el debate sino que lo hace sencillamente imposible. Si damos por bueno el término autodeterminación, es que estamos aceptando que no todos los ciudadanos somos titulares y estamos ejerciendo los derechos fundamentales en condiciones de igualdad, sino que unos 'somos más iguales que otros'. Un debate en estos términos está viciado de raíz y no puede conducir a ninguna parte. Quien acepta que el otro utilice el término autodeterminación ya ha perdido. Y a la inversa: quien consigue que el otro acepte su utilización del término autodeterminación ya ha ganado. Uno se queda con la razón. Al otro únicamente le queda la fuerza.

Justamente por eso, considero que utilizar, como se ha hecho esta semana, el término autodeterminación para boicotear la entrevista del lehendakari Ibarretxe con el Jefe del Estado es tirar piedras contra el propio tejado, en la medida en que da carta de naturaleza a dicho concepto y contribuye a asentarlo en el debate político. Si acaba siendo así, insisto, la batalla está perdida. La única salida son las 'medidas de excepción', de las que Manuel Fraga viene hablando desde hace tiempo y a las que ayer se sumaba Andrés de Blas (Posible ofensiva secesionista del nacionalismo vasco. EL PAÍS, 26 de julio).

Autodeterminación y debate democrático son incompatibles. La autodeterminación es la premisa indiscutible de todo debate democrático. Sin ella no puede haber debate; por eso mismo, ella misma no puede ser objeto de debate. Es lo indiscutible que permite discutir todo lo demás.

No podemos aceptar, en consecuencia, que el nacionalismo vasco se apropie del término autodeterminación y haga uso del mismo en el debate político. Hay que decirle con toda claridad que el derecho a la autodeterminación lo tienen ya y lo están ejerciendo sistemáticamente desde 1977, y sobre todo desde la entrada en vigor de la Constitución. Lo han ejercido en el marco de la Constitución y del Estatuto y, desde 1986, en el marco de la Unión Europea. Lo han ejercido exactamente igual que los demás ciudadanos españoles. Nadie les ha privado a los ciudadanos vascos del ejercicio de ningún derecho.

Ahora bien, si el nacionalismo vasco quiere darle al ejercicio del derecho a la autodeterminación un contenido distinto al que le ha dado a lo largo de los últimos 25 años, que lo diga. Está en su derecho de hacerlo y los demás tenemos que respetárselo. Lo que no podemos ni debemos los demás es aceptar que argumente que quiere que se le reconozca el derecho a la autodeterminación del que se encuentra indebidamente privado. Nadie le ha privado ni le está privando del ejercicio de ningún derecho. Que diga qué es lo que quiere, y ya veremos. Pero no aceptemos los demás que diga que le estamos privando del ejercicio de ningún derecho. El debate no puede ni siquiera empezar con la carta marcada de la autodeterminación.