Gescartera ofreció a la Mutua de la Policía garantías con certificados falsos de La Caixa

La Mutualidad de la Policía, según ha explicado a este periódico su presidente, R. R. -prefiere guardar el anonimato por motivos de seguridad-, tomó contacto con Gescartera en el año 1998. 'Invertimos pequeñas cantidades de 100, 200 y 300 millones, sin que hubiera ningún problema. En febrero de 2000, Aníbal Sardón [apoderado de Gescartera Gestión, imputado por la juez Teresa Palacios] nos propuso la inversión de un mínimo de 1.000 millones en un producto estructurado, con una rentabilidad del 6%, el principal del capital garantizado, más un porcentaje de la revalorización que obtuviera el índice Ibex de la Bolsa al vencimiento de la inversión, el próximo 30 de septiembre'.

La junta directiva de la mutualidad decidió invertir 1.500 millones en tan jugoso producto, que cumplía una de las normas de la entidad: no invertir sin garantías. 'Sardón', asegura el presidente de la entidad, 'nos mostró certificados de La Caixa, por importe de 2.500 millones de pesetas, que respaldaban la recuperación del capital invertido'. 'Los certificados', asegura, 'han resultado ser falsos desde el sello hasta la firma. Así nos lo confirmó La Caixa'.

R. R., abogado, se ha personado en la causa que instruye la juez Teresa Palacios y estuvo presente en la declaración que prestó Sardón el pasado martes. 'Sorprendentemente, ese día no sabía explicar qué era un producto estructurado como el que nos ofreció'. En opinión de la Mutualidad de la Policía, que con los 1.500 millones invertidos y evaporados se ha convertido en el cliente más afectado por el escándalo, Sardón cayó en contradicciones sólo explicables por el intento de aliviar la situación del principal implicado en el caso Gescartera, Antonio Rafael Camacho, primer accionista del holding Gescartera y único encarcelado tras saltar el escándalo.

Curándose en salud, el presidente de la Mutualidad de la Policía afirma que 'no sería extraño que hubieran utilizado nuestro nombre para captar clientes', y muestra su extrañeza por el hecho de que el escándalo de Gescartera haya saltado poco tiempo después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hubiera autorizado la conversión de Gescartera de simple chiringuito financiero en agencia de Bolsa.

En el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, la actividad ayer continuó siendo frenética. A primer hora de la mañana se personaron cinco peritos que recibieron información referente a los clientes de Gescartera, así como los certificados falsos que presentó la agencia a la CNMV para justificar el dinero.

Un año desviando el dinero El agujero de Gescartera se fue gestando en el último año. Los responsables de la firma no movían el dinero de sus clientes, sino que lo iban desviando a destinos desconocidos. Para justificar ante ellos y ante las autoridades supervisoras los movimientos, realizaban compraventas en el mismo día de los títulos, operaciones que no exigen poner dinero contante y sonante sino que se liquidaban por la diferencia entre el precio de compra y el de venta. De esta forma conseguían acreditar que el dinero se movía, mediante estas operaciones ficticias.

Ayer declaron como testigos tres empleados de la agencia que dijeron desconocer la forma de operar de Antonio Camacho, así como el agujero de Gescatera, ya que estaba auditada y se cumplían las exigencias de información de la CNMV. Apuntaron también que el número de impositores conocidos por ellos ascendía a 1.200. Entre estos clientes estaba la ONG Manos Unidos que había invertido 50 millones de pesetas. El secretario del arzobispado de Valladolid, Enrique Peralta, declaró a la Cadena Ser que en 1999 retiraron 1.000 millones de pesetas que tenían invertidos, ya que la CNMV les advirtió de la existencia de irregularidades.