El fiscal pide hasta 12 años de prisión para los responsables de la estafa a los inversores de AVA

El fiscal anticorrupción David Martínez Madero concluyó ayer su investigación sobre el caso AVA, una agencia de valores que, según sus conclusiones, perjudicó en más de 14.000 millones de pesetas a sus clientes. El fiscal sostiene que los gestores de esta sociedad han cometido los siguientes delitos: apropiación indebida, estafa continuada y falsedad documental. El fiscal exige que una parte de esta indemnización, 5.503 millones, sea abonada por la auditora KPMG, que ha sido declarada responsable civil en la quiebra.

La Comisión Nacional del Merado de Valores (CNMV) abrió en febrero de 1998 un expediente sancionador a AVA y al banco Socimer -que gestionó valores depositados en AVA- por efectuar operaciones financieras supuestamente ilegales, que provocaron pérdidas de 14.000 millones de pesetas a unos 4.000 clientes de la agencia.

El fiscal acusa de estafa a los siguientes: Rafael Salama Benochiel, Juan Enrique Castañeda Boniche, Henri Andre, Raymond Cretegny, Philipppe Paul Werro, Claude Waelti y Salomón Benatar Amrán. Excepto el último, también son considerados autores de un delito societario de falsedad documental, del que se considera cooperador necesario a Miguel Ángel Ibáñez Hernando.

El fiscal considera responsables tanto de estafa como de apropiación indebida a los siguientes: Enrique Coronado Guijarro, Emilio Ruiz de Salazar Lizosain, Pilar Barrio de la Fuente, Juan José Camacho Barrachina, José María Pedruzo Aguirreurreta, Santiago José Pla Pascual, Santiago Vian Carazo y José Luis Zarraluqui Paternain.

Las penas que solicita el fiscal oscilan entre los tres y los 12 años de prisión. Las penas más altas afectan a los responsables del banco Socimer, que actuaba como intermediario para comprar deuda de países emergentes como Brasil o Argentina, algo que no siempre fue cierto.

Según el fiscal, AVA hizo creer a 317 clientes que se habían comprado títulos emitidos por el Gobierno brasileño, cuando, en realidad, eran otro tipo de títulos (el verdadero emisor era una sociedad constituida en 1996 en las islas Caimán) que podían llegar a extinguirse en el mercado, como, en efecto ocurrió. Así, en este caso, se produjo un perjuicio de unos 830 millones de pesetas. Pero el principal artificio para estafar fue el siguiente sistema: Socimer adquiría títulos de deuda pública en los mercados internacionales que después vendía AVA a sus clientes españoles. El cliente no tenía que desembolsar el 100% de la inversión, sino que Socimer le financiaba el 50% de su valor y en garantía retenía todos los títulos. Con esta operativa, Socimer obtenía la diferencia entre lo que realmente había desembolsado (el 10% del activo) y lo que obtenía de los clientes españoles (el 50%).

Pero los títulos vendidos por Socimer, según el escrito del fiscal, tenían una doble financiación: el 90% lo financiaban los bancos que le vendían los títulos a Socimer, hecho que los clientes desconocían, más el 50% que concedía Socimer a los clientes de AVA. La 'insolvencia' de Socimer le impidió devolver los créditos y perdió los títulos.