La factura del teléfono y el alquiler acaparan las quejas en Barcelona

No estar de acuerdo con la factura del teléfono y los problemas con las empresas que prometen un piso de alquiler asegurado previo pago de una cantidad de dinero son las principales demandas que llegan a la Junta Arbitral de Consumo de Barcelona. Este organismo, encargado de resolver las reclamaciones de pequeña cuantía de los consumidores, recibió 2.700 quejas durante el primer semestre de este año.

La Junta Arbitral de Consumo fue creada en 1993. De los 210 casos del primer año de funcionamiento se ha pasado a 2.400 en 1999, 2.800 en 2000 y 2.700 en el primer semestre de este año.

El importe de las demandas que resuelve suelen ser de unas 100.000 pesetas, cantidades por las que no se inician procedimientos judiciales, que acarrean costas y la necesaria intervención de procuradores y abogados. Reclamaciones por impuestos -de cualquier Administración-, multas, sanciones, lesiones o enfermedades y delitos quedan fuera de la junta porque los órganos competentes son las propias administraciones y los tribunales. La junta arbitral es, de hecho, sólo un mecanismo de intermediación voluntario entre las demandas de los consumidores y los empresarios. Se trata de un procedimiento gratuito y rápido de un par de meses de duración desde que se presenta la demanda y se comunica a la otra parte si acepta el arbitraje.

Las reclamaciones que más se plantean a la junta arbitral son contra las facturas de Telefónica, junto con quejas acerca de los alquileres de pisos. En este último caso, sobre todo respecto a las empresas que exigen el pago previo de una cantidad de dinero -suelen ser 25.000 o 30.000 pesetas- al cliente con la promesa de que en un plazo corto de tiempo le encontrarán el piso que busca.

Otras quejas frecuentes que llegan a la junta tienen que ver con los problemas de prendas llevadas a tintorerías y conflictos con las empresas de rehabilitacion de viviendas.

Pero hay de otros tipos de litigios. Por ejemplo, los anuncios de métodos adelgazantes que acompañan fotografías anteriores al momento en que se comienza a seguirlos e imágenes posteriores provocaron un aluvión de denuncias por publicidad engañosa.

También son muy frecuentes las quejas que se plantean relativas a las academias de idiomas y las agencias de viajes. Casi siempre, el acuerdo, en caso de que se dé la razón al demandante, consiste en una compensación económica o la reparación del daño causado. El laudo es de obligado cumplimiento si se ha aceptado el arbitraje. La mayor parte de las quejas llegan a la junta desde otros organismos públicos, como la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).

La mayor parte de los gremios reconoce el arbitraje dictado por la junta y acata sus resoluciones. Entre las compañias de servicios, Aguas de Barcelona y Gas Natural se han adherido. En cambio, la empresa eléctrica Fecsa-Enher no reconoce el arbitrio de la junta.