La regularización especial descubre a 75.000 inmigrantes más sin papeles

El vicepresidente primero y ministro del Interior, Mariano Rajoy, declaró que a partir del 1 de agosto el Gobierno comenzará a aplicar el Reglamento y terminará el proceso de regularización por arraigo que él mismo abrió el 6 de junio. 'Hemos dado a los inmigrantes que quieran acogerse a él un plazo de 10 o 12 días. Me parece un periodo razonable', afirmó. 'Con el Reglamento', dijo, 'quedarán fijadas las reglas del juego y las formas de entrar en España legalmente'.

En los siete días hábiles que restan antes de la entrada en vigor del Reglamento, los extranjeros que deseen legalizar su situación sólo deben demostrar que se hallan en España desde antes del 23 de enero de este año, que tienen una oferta real o potencial de trabajo o que poseen vínculos familiares con extranjeros residentes o con españoles. A partir del 1 de agosto, sus posibilidades para obtener un permiso de residencia o de trabajo se reducirán bruscamente. Deberán demostrar que llevan al menos cinco años en situación irregular en España, o que llevan tres años pero tienen una oferta de empleo, o que llevan dos años pero les han caducado los permisos correspondientes. El ministro recordó que también queda abierta la vía de obtener el permiso de residencia por motivos humanitarios.

Rajoy reveló que, en los 45 días transcurridos desde que se abrió la regularización por arraigo, se han acogido a ella 75.000 extranjeros, algunos de los cuales ya habían presentado su solicitud en otros procesos paralelos. Hasta el momento se han resuelto cerca del 10% de sus peticiones: 3.800 han sido admitidas, y 3.100 rechazadas. También afirmó que han sido revisados de oficio 50.000 de los 57.000 expedientes denegados en la regularización que finalizó el 31 de julio del año pasado porque sus titulares no pudieron demostrar que se hallaban en España antes del verano de 1999. De ellos han sido admitidos 36.000.

El Reglamento aprobado ayer mantiene muchos de los puntos del primer borrador que fueron duramente criticados por la oposición y los agentes sociales, como la exigencia de un seguro médico a los inmigrantes, el uso del buzón consular para que depositen sus solicitudes en el extranjero o la expulsión en 48 horas. Pero el ministro prefirió destacar otros aspectos, como el establecimiento de un procedimiento para fijar el contingente de mano de obra extranjera, el diseño de un procedimiento 'ágil' para los permisos de temporada, la concreción de las circunstancias que definen el arraigo y la concesión del permiso de residencia permanente a los españoles de origen que perdieron la nacionalidad.

Rajoy dijo que, 'junto a la Ley de Extranjería, la nueva norma permitirá desarrollar una política migratoria realista y estable para los próximos años'. Las primeras reacciones no se hicieron esperar. La secretaria de políticas sociales y migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, afirmó que 'el Reglamento no puede cambiar, ni tan siquiera corregir, los errores de una mala Ley como la que el Gobierno se empeñó en aprobar. El actual desorden migratorio supera por completo el debate sobre el Reglamento y exige un cambio de orientación radical en el conjunto de la actuación gubernamental'. El portavoz de IU en el Congreso, Felipe Alcaraz, declaró que el Reglamento 'sólo viene a endurecer una ley ya muy dura contra los derechos de los inmigrantes. El Gobierno está dinamizando sobre la vía de los hechos una especie de estructura laboral 'b', con una bolsa de trabajadores ilegales que seguirá en aumento'. Y el portavoz de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), Mustafa El Mirabet, acogió con sorpresa y rechazó la decisión del Ejecutivo de acelerar la entrada en vigor del Reglamento: 'No sé qué oscuros intereses puede haber detrás de esta sospechosa urgencia', dijo. 'Los cuerpos de la Administración encargados de aplicarlo ni siquiera van a tener tiempo a leerlo'.