Los jueces exigen a Carme-Laura Gil todos los expedientes sobre las siete escuelas de élite

Carme-Laura Gil tiene un plazo máximo de 10 días para presentar la totalidad de expedientes administrativos sobre las siete escuelas de élite concertadas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó el pasado 16 de julio una providencia en la que insta a Gil a que entregue toda la documentación relativa a los conciertos, tal como pedía el sindicato mayoritario USTEC-STE. La resolución, ejecutada por la Sección Quinta de lo Contencioso-administrativo, supone la suspensión temporal del proceso pendiente entre el sindicato y Enseñanza por los conciertos educativos a las siete escuelas de élite.

Con este retraso en la tramitación del recurso, USTEC-STE podrá completar su expediente administrativo con los informes de inspección de anteriores peticiones de conciertos educativos de estos centros. El sindicato había solicitado mediante recurso una quincena de peticiones distintas de documentación, entre las cuales figuran los informes de la Inspección de Enseñanza que eran contrarios a la concesión de estas ayudas a seis de los siete colegios de élite afectados por la polémica. Con esta ampliación de la información, el sindicato podrá formalizar su demanda, en la que impugnará las ayudas a los colegios de élite

Una multa

El pasado 26 de junio, el TSJC ya advirtió a la Generalitat que si en un plazo de 10 días no le enviaba los expedientes por los que otorgó los conciertos a las siete escuelas, se exponía a que se le impusiera una multa entre 50.000 y 200.000 pesetas. El tribunal, además, reprochó al departamento que llevara un retraso de dos meses en remitir la documentación solicitada.

En su momento el sindicato denunció ante el TSJC que 'faltaba muchísima documentación' sobre los conciertos educativos a los colegios de élite y requirió el aumento del plazo de los 20 días fijados por el tribunal para presentar su demanda.

'Valoramos la resolución del tribunal, pues demuestra que tenemos toda la razón del mundo al pedir más información sobre unos conciertos tan polémicos', explicó ayer Esteve Romero, del secretariado del sindicato USTEC. A juicio de Romero: 'Que el Tribunal acepte nuestras peticiones demuestra que hay que cumplir la normativa, que es lo que pretendemos desde el primer momento'. Sobre los comentarios del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y de la consejera en los últimos días, el portavoz de USTEC destacó 'su absoluta falta de argumentos y su pretensión de hacer creer que hay una campaña orquestada contra las escuelas privadas, cuando es absurdo decir algo así; sólo se pide que se cumpla la ley'.

Gil rechazó ayer en Catalunya Ràdio que esté defendiendo la escuela privada. Según la consejera, con el dinero de los conciertos -que su departamento paga 'directamente al profesorado'- 'resultan gratuitas las horas curriculares, o sea, el contenido de la enseñanza obligatoria'. Sobre las mensualidades de hasta 100.000 pesetas que pagan los padres en algunos de los colegios de élite concertados, no dijo nada. El Gobierno de Pujol ha cerrado filas en torno a la consejera. El propio conseller en cap , Artur Mas, tuvo un patinazo al afirmar que si se dieron ayudas a estos centros de élite es porque 'había dinero'.

Las siete escuelas de élite a las que se les concedieron los polémicos conciertos son Súnion, Sil y Sant Pau (antes Saint Paul's School), de Barcelona; Pere Vergés, de Badalona; Viaró y La Farga, de Sant Cugat, y La Vall, de Sabadell; estos tres últimos, vinculados al Opus Dei.