El PSOE exige al Gobierno que no adopte la 'censura previa' en Internet

El PSOE prepara sus argumentos para oponerse al proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), en fase de anteproyecto, ante el temor de que en los próximos días se discuta en el Consejo de Ministros. Los socialistas afirman que el Ejecutivo trata de imponer 'la censura previa' en Internet, con una ley que vulneraría la Constitución, según el responsable federal socialista de Innovación, Enrique Martínez, que denuncia 'el secuestro y las medidas de restricción que Aznar trata de imponer'.

Los socialistas se unen al 'clamor' que existe en la comunidad internauta, según Martínez, contra los anteproyectos, tres hasta ahora, que se han conocido sobre la futura Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. 'La Santa Inquisición resucita en la Red': Martínez parafrasea escritos contenidos en la revista Wired que, junto a la publicación Kriptopolis.com, han puesto el grito en el cielo ante los planes gubernamentales. Tanto la dirección del PSOE como el senador Félix Lavilla, experto en la materia, preparan la réplica y una posible enmienda a la totalidad.

El control de la información es la piedra de toque contra la que pretenden luchar los socialistas. La ley proyectada pretende regular las obligaciones de los prestadores de servicios que actúan como intermediarios en la transmisión de contenidos por las redes de telecomunicaciones, así como las comunicaciones comerciales por vía electrónica, la información previa y posterior a la celebración de contratos electrónicos y el régimen sancionador aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la información.

'Sabemos que el Gobierno trata de establecer una especie de censura previa, ya que se hace obligatorio comunicar a las autoridades judiciales y administrativas los contenidos, así como la identificación de los destinatarios', señala Martínez.

De manera simultánea el PSOE insta al Gobierno a presentar un plan sobre desarrollo tecnológico para paliar la 'deficiente situación' en esta materia, que sitúa a España en el puesto 23º de 28 países analizados.