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Enseñanza pagará 1.800 millones al año a los siete colegios de élite concertados

La consejera acude mañana al Parlament

La titular de Enseñanza justificó la semana pasada la concesión de los conciertos educativos a los colegios Sunión, Sil y Saint Paul's School, de Barcelona; Pere Vergés, de Badalona, y Viaró, La Farga y La Vall, situados en el Vallès Occidental y vinculados al Opus Dei, con el argumento de que la Generalitat tan sólo había concertado unidades educativas adicionales. Cuando a un centro se le subvenciona una unidad de Primaria o de ESO, en los cursos siguientes hay que otorgarle nuevos conciertos de los cursos posteriores hasta completar el recorrido educativo.

Estos siete centros, que tienen concertadas para el próximo curso 49 unidades de Primaria y 42 de Secundaria Obligatoria (ESO), le cuestan al erario público algo más de 900 millones al año. Una unidad de Primaria le cuesta a Enseñanza unos nueve millones anuales, y una de ESO, 11, incluyendo las nóminas y los gastos sociales de dos profesores y una partida de gastos de mantenimiento de 800.000 pesetas en Primaria y de 1,2 millones en ESO. Pero cuando en tres años se haya completado el recorrido educativo, estos centros tendrán concertadas 90 unidades de Primaria y 68 de ESO, lo que supondrá un coste anual de algo más de 1.800 millones.

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Se acabó el dinero

Informes de la Inspección Desde que el sindicato USTEC-STES hizo públicos los informes de la Inspección contrarios a la concesión del concierto educativo a estos centros -informes en los que sólo se reconocía un caso, el del colegio Sil de Barcelona, que cumpliera alguna de las condiciones para obtener estas subvenciones-, Enseñanza se ha defendido argumentando que, si bien no cumplían los requisitos preferenciales, sí tenían derecho a ello mientras existiera partida presupuestaria. El conseller en cap, Artur Mas, incluso dio a entender a la opinión pública que se habían concedido estas subvenciones porque sobraba dinero. 'Había dinero disponible', dijo. Sin embargo, la Generalitat no ha reconocido en ningún momento que estos centros incumplen claramente la ley al cobrar por escolarizar a sus alumnos mensualidades que llegan a las 100.000 pesetas.

Hoy celebra una reunión el Consejo Escolar de Cataluña y los sindicatos han pedido a la consejera que asista a ella. Gil no se ha pronunciado. Sí ha anunciado que mañana comparecerá ante la Comisión Permanente del Parlament para explicar su política de subvenciones.

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