Los rectores se rebelan en bloque contra la ley del Gobierno que les obliga a dejar su cargo

Todos los rectores de las universidades españolas se rebelaron ayer contra la obligación, impuesta por el Gobierno en el anteproyecto de Ley de Universidades, de que abandonen su cargo y convoquen nuevas elecciones a los seis meses de aprobarse la nueva normativa. Los rectores consideran que 'se está poniendo en cuestión la legitimidad democrática de los órganos de gobierno de las universidades' que les han elegido y que 'son consecuencia del desarrollo constitucional'. Las universidades elaborarán un manifiesto conjunto de respuesta que presentarán a la comunidad universitaria en todas las aperturas del próximo curso académico y a los partidos políticos, a los que instarán a que introduzcan enmiendas en la ley.

Las intervenciones en la reunión de ayer en Madrid de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) -integrada por 65 de las 68 universidades españolas- no pudieron ser más contundentes. 'No hay asomo de duda, la unanimidad en el rechazo es absolutamente clara. No sólo no ha habido ningún voto en contra, sino que no se ha manifestado en la reunión ni una sola intervención o posición discrepante', señaló el presidente de la CRUE y rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Saturnino de la Plaza.

El presidente de los rectores respondía así a las declaraciones de la ministra de Educación, Pilar del Castillo, en las que sostenía que 'no todos los rectores tienen la misma postura' respecto a esta cuestión. El secretario de Estado de Universidades, Julio Iglesias de Ussel, insistió ayer en lo mismo: 'Son declaraciones de un solo rector. Lo que importa es la institución milenaria de la universidad, no las personas, que son accesorias. No se puede circunscribir el anteproyecto de ley de universidades al terreno personal porque es desviarlo de los aspectos centrales' informa Carmen Morán.

En los pasillos del rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, donde se celebró la reunión, se podían escuchar comentarios de 'indignación' durante la pausa: 'Es una medida lamentable', 'es una falta de respeto a los órganos de gobierno', 'es una decisión política tomada sin analizar las consecuencias para las universidades y su alumnado', 'es el mayor atentado a la legitimidad constitucional de la universidad que se haya producido'. Estuvieron presentes 50 universidades públicas. Éstas son las principales quejas de las máximos representantes universitarios:

- Legitimidad constitucional. Los rectores opinan que al establecer en la ley la obligación de que cesen 'se pone en cuestión la legitimidad democrática de los órganos colegiados que son consecuencia del desarrollo constitucional', resumió el vicepresidente de la Conferencia de Rectores y rector de la Universidad de Salamanca, Ignacio Berdugo.

- Paro de las universidades. 'Se establece un parón de al menos dos años de todas las universidades, totalmente innecesario y tremendamente perjudicial para la marcha de los centros', según los rectores.

Desde que se apruebe la ley aproximadamente en primavera de 2001, las universidades públicas (48, ya que se excluyen la UIMP y la Internacional de Andalucía por sus especiales características) habrá un plazo de seis meses para que cesen rectores y claustros, convocar nuevas elecciones a rector (por sufragio universal directo ponderado) y elegir un claustro contituyente provisional. Éste dispondrá de nueve meses para elaborar nuevos estatutos, en los que se deberán incorporar aspectos nuevos como la ponderación de los votos de los colectivos universitarios en las elecciones a rector, la composición de los órganos de gobierno, el sistema de selección del profesorado y el sistema de acceso del profesorado y de los estudiantes. El Gobierno autonómico tendrá después tres meses para aprobarlos. Una vez hecho, las universidades deberán convocar elecciones para elegir un nuevo claustro y otra vez para rector, de acuerdo a las normas que se establezcan en los estatutos.

- Falta de información. 'El Gobierno tenía previsto que se adaptaran los estatutos a la nueva ley por los claustros actuales', aseguraron varios rectores en la reunión. 'Esto refleja un cambio de postura y, por tanto, que se haya interpretado que puede haber habido una intención de venganza por habernos opuesto a la ley', dijo Berdugo.

- Inseguridad jurídica. El cese de los rectores y de los claustros elegidos democráticamente 'genera inseguridad júrídica', señalan. En su opinión, se quiebra el marco que protege los derechos democráticos de los votantes a que se respete su voluntad expresada en las urnas.

- Múltiples problemas. 'No hay que olvidar que esta ley no goza de consenso y no es bueno que se apruebe sin respaldo. El cese de los rectores no es el único de los aspectos controvertidos de la ley', resumió Saturnino de la Plaza.