Dos ayuntamientos paran obras del Gobierno catalán en el eje Vic-Olot por falta de permisos municipales
Los ayuntamientos de Sant Pere de Torelló y La Vall d'en Bas recurrieron la pasada semana a los Mossos d'Esquadra en su intento de paralizar diversas obras encargadas por el Gobierno catalán en el eje Vic-Olot. Los municipios denuncian que las empresas carecen de licencia municipal y que, al actuar en una zona declarada de interés natural, necesitan también permiso de Medio Ambiente, del que carecen. El pasado sábado, los ayuntamientos de Sant Pere de Torelló y de La Vall d'en Bas llamaron a los Mossos para que los respaldaran ante las empresas que seguían trabajando y se presentaron en las zonas de obras acompañados de los agentes, que levantaron acta.
Tras comprobar que los trabajadores, pertenecientes a una unión temporal de empresas, realizaban tareas de cata y estudios geológicos, les reclamaron los permisos. 'Sólo tenían una carta de la Dirección General de Carreteras', explicó ayer Jordi Fàbrega, alcalde de Sant Pere de Torelló.
Los ayuntamientos se han dirigido por carta a Política Territorial, pero también a Medio Ambiente -'la zona está incluida en un PEIN ', explicó Fàbrega- y a la Agencia Catalana del Agua porque los operarios habían construido una pista de unos 500 metros, arrancado robles y otros árboles, y terraplenado algunas zonas de riera.
Además, añadió Fàbrega, 'actuaban en propiedad privada sin poder mostrar la relación preceptiva de bienes afectados ni haber comunicado las indemnizaciones pertinentes'.
El Departamento de Política Territorial, por su parte, entiende que las tareas no han vulnerado ninguna norma porque la ley permite al Gobierno catalán actuar en estos casos. Una carretera, explicó el portavoz oficial, no requiere licencia municipal ya que se trata de una obra de interés general, y así lo regula le ley. Tampoco hay que presentar relación de bienes porque la ley de expropiaciones forzosas 'prevé que la Administración pueda ocupar temporalmente los terrenos propiedad de los particulares para realizar los estudios o realizar operaciones facultativas de corta duración con el fin de recoger datos para la obra'.
Fàbrega afirma que se trata de un puro sofisma. 'Las normas generales están subordinadas a las de cada municipio. Nosotros creemos que no pueden actuar en el municipio sin permiso municipal. Lo contrario sería un atentado total contra la autonomía de los ayuntamientos. Pero, además, la ley de expropiación forzosa no exime de presentar la relación de bienes afectados, y los operarios no la tenían ni nadie la ha comunicado a los afectados'.
Los Mossos actuaron a requerimiento de un vecino, explicó un portavoz del cuerpo armado, y les acompañaron para notificar la falta de permiso municipal para realizar las perforaciones, hecho lo cual levantaron acta. 'Los Mossos no podemos paralizar nada', afirmó la misma fuente. El que no dio ninguna versión de los hechos fue el Departamento de Medio Ambiente, que remitió para todo al de Política Territorial.
La diputada Bet Font (IC-V) ha presentado ya varias preguntas al respecto en el Parlament, preguntas que seguramente no tendrán respuesta hasta después del verano. Font quiere saber a qué se debe que los operarios, 'actuando en zonas incluidas dentro de un PEIN, no dispusieran de los permisos necesarios del Departamento de Medio Ambiente'. También pregunta cómo se puede aplicar la ley de expropiación forzosa sin 'relación de bienes afectados ni declaración de utilidad pública' y, finalmente, por qué no se piden los permisos correspondientes a los ayuntamientos afectados. Fàbrega, por su parte, cree que se actúa con celeridad para imponer una política de hechos consumados en una obra con fuerte oposición social.
