La Generalitat pide el derribo de un hotel que se inaugurará el sábado en L'Ametlla de Mar

El hotel está situado en el barranco Bon Capó de L'Ametlla de Mar (Baix Ebre), en una caleta frente a la playa. La ACA considera que las obras de canalización realizadas 'aumentan la superficie inundable aguas arriba'. Asimismo, se señala que la instalación hotelera está construida 'en una zona inundable peligrosa, sin que la canalización en fase de ejecución dé garantías para salvaguardar la seguridad de personas y bienes en caso de avenidas'.

A la construcción del polémico hotel, promovido por la empresa Bon Capó, se habían opuesto los vecinos de la urbanización Rocas Doradas, los grupos ecologistas Els Verds y Escurçó, el comité local de Unió Democràtica y el grupo municipal de CiU, que presentaron alegaciones tras la exposición pública del proyecto, en octubre del año pasado.

Los ecologistas presentaron denuncia ante los juzgados por entender que la superficie hotelera superaba la prevista en el Plan de Ordenación Urbanística y ocupaba terrenos reservados para servicios. El hotel ha acumulado tres requerimientos de la ACA y uno de la Comisión de Urbanismo de Tarragona y todavía no dispone del permiso del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, aunque sí cuenta con todos los permisos municipales. La empresa puede interponer recurso contencioso-administrativo contra el informe de la ACA.

El alcalde de L'Ametlla de Mar, Antoni Espuny (PSC), explicó ayer que, a su juicio, el informe de la ACA se refiere sólo a la demolición de las obras de canalización y recordó que por el barranco Bon Capó no ha bajado agua en más de 200 años. Añadió que ni siquiera la ACA tenía registrada la zona como barranco, para sugerir después que la oposición al hotel se ha organizado desde CiU por motivos políticos y con la voluntad de desestabilizar al gobierno municipal.

Una situación similar es la que se vive en Tarragona respecto al restaurante ubicado en el Fortín de la Reina, cuya demolición fijó ayer el Tribunal Supremo en un plazo máximo de dos meses, según explicó el alcalde accidental, Francesc Ricomà (PP). Ricomà recordó que hasta el momento se han interpuesto dos recursos de casación y que, en todo caso, el Fortín es un bien catalogado, por lo que debe derruirse de forma planificada para devolverle su aspecto anterior. Una parte de la ciudadanía de Tarragona se ha movilizado para evitar la demolición del restaurante del Fortín, construido con la aquiescencia del entonces gobierno socialista de la ciudad en una zona verde.