Autodeterminación y gobierno

Por primera vez un Gobierno de Euskadi se va a constituir afirmando entre sus compromisos programáticos 'la necesidad de asumir, defender e incorporar el derecho a reconocer la capacidad de autodeterminación del Pueblo Vasco'. A pesar de la constructiva ambigüedad (como diría Juan Aranzadi) de la formulación, a pesar de la tranquilidad y normalidad democrática que destila el conjunto del texto suscrito por PNV y EA (¿será finalmente posible un nacionalismo tranquilo?, como diría Xabier Aierdi), es más que probable que la ciudadanía se haya quedado con una idea muy simple y bastante inquietante: la VII Legislatura vasca va a ser la legislatura de la autodeterminación.

Desde el sábado, televisiones y radios de ámbito estatal no han dejado de repetir que la prioridad máxima del nuevo Gobierno Vasco va a ser la autodeterminación y no han sido pocos los políticos que se han apresurado a lamentar que los nacionalistas apuesten por el soberanismo y la construcción nacional en lugar de comprometerse activamente en la defensa de la vida y la libertad de todas las personas. La verdad es que si este columnero hubiese tenido que dar a conocer la noticia del acuerdo suscrito por PNV y EA habría destacado otras cuestiones.

Por ejemplo, la referencia que en el texto se hace a su 'inequívoca disposición a movilizar, desde la acción de Gobierno, todos los medios humanos y materiales necesarios para la defensa de los derechos, las libertades y la seguridad de las personas', desarrollando 'con especial intensidad todas aquellas funciones que le corresponden en materia de seguridad ciudadana a través de la utilización de las herramientas legales que el Estado de Derecho pone a disposición de los poderes públicos'. ¿No es esto lo que llevan años demandando, con razón muchas veces, sin razón otras, algunos partidos y asociaciones ciudadanas? O esta otra afirmación: 'El Gobierno Vasco dirigirá su proceder desde el máximo respeto a las instituciones y a los marcos jurídicos establecidos por la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca, sin perjuicio de respetar, asimismo, la legitimidad democrática de las opciones de cambio, actualización y modificación de los mismos'. Pero parece que nada de esto es importante

Ciertamente la cuestión de la autodeterminación -se formule esta como se formule- agita emociones y miedos contrapuestos en la sociedad vasca. Pero tal cosa ocurre no sólo cuando, como estos días, se plantea explícitamente su debate o su reivindicación; también cuando se hurta tal debate. Cuando los nacionalistas vascos hablan de autodeterminación son muchos los no nacionalistas que se ven amenazados por la incertidumbre. No tenerlo en cuenta supone seguir alimentando un fuego que impide consolidar un terreno compartido para la construcción democrática de nuestro país. Pero pretender conjurar esa incertidumbre rechazando cualquier aproximación al debate no hace sino alimentar el mismo fuego. Peor aún es considerar que su debate alimenta necesariamente la violencia: ¿cómo es posible que quienes esto dicen muestren su satisfacción cuando Aralar Ildoa reivindica un independentismo sin ETA? El Programa suscrito por PNV y EA plantea la cuestión de la autodeterminación en los términos aprobados en febrero de 1990 por el parlamento Vasco.

Con la que ha caído en los últimos tres años, no es mala cosa. Por aquellos días el nacionalismo vasco despojó a la autodeterminación de sus ropajes más solemnes, de aquellos que la endiosan y la convierten en absoluto a cuyos pies se construyen pirámides de sacrificio. Por aquellos días la autodeterminación se vistió de calle y quiso ser proceso antes que acto, continuidad antes que ruptura, encuentro antes que separación. ¿Qué así y todo se trata de un producto altamente inestable, cuya manipulación afecta a los complejos equilibrios que sostienen precariamente la socialidad vasca? Sin duda. De ahí que nada sea más necesario que insistir en su desdramatización. Democratizar la autodeterminación vasca... No es imposible. El primer paso ya está dado: volver a los términos en que se planteó en 1990.