El fiscal mantiene la petición de 8 años de inhabilitación para el rector Arola

El fiscal mantuvo ayer la pena solicitada de ocho años de inhabilitación contra el rector de la Universidad Rovira i Virgili (URV), Lluís Arola, y el coordinador de las pruebas de acceso a la universidad en Tarragona, Joan Igual. Ambos han sido juzgados por un delito de prevaricación por la exclusión de dos profesores de los tribunales de selectividad en 1999 como represalia porque habían denunciado al Defensor del Pueblo una supuesta discriminación del castellano en dicha prueba.

Tanto Arola como Igual recibieron ayer -como sucedió el viernes- el apoyo de profesores de la URV y del resto de universidades catalanas, así como de partidos políticos, a excepción del PP. Pero, a diferencia del primer día de juicio, ayer no se cantó Els segadors en la calle. Este hecho había motivado las críticas del fiscal jefe del Tribunal Superior, José Maria Mena, quien consideró que una manifestación de ese tipo suponía una presión a la juez que debe dictar sentencia. Esas manifestaciones tuvieron ayer su réplica por parte de Artur Mas, conseller en cap del Gobierno catalán: 'No entiendo por qué ha de criticarse que se cante Els segadors. Si hay gente que libremente quiere hacerlo... Mientras no se perturbe el funcionamiento de la instancia judicial, lo cual no ha sucedido, no acabo de entender por qué se critica'.

En su informe, el fiscal Ignacio Monreal sostuvo que la vista oral había determinado que Josefina Albert y José María Fernández, los dos profesores excluidos, 'fueron condenados por haberse dirigido al Defensor del Pueblo y sólo por eso'.

Localizar a los alumnos

El fiscal añadió que la profesora Albert, que denunció que Igual le prohibió facilitar exámenes en castellano a dos alumnos en las pruebas de 1998, no incumplió la normativa y que, en todo caso, fue la universidad la que lo hizo al no abrir una investigación oficial tras ser requerida a ello por el Defensor del Pueblo. 'Ni siquiera trató de localizar a los alumnos', dijo el fiscal. Frente al criterio de la fiscalía, la defensa reiteró el estricto cumplimiento de la normativa por parte de los acusados y aseguró que la última palabra para la exclusión de los profesores no es del equipo rectoral, sino del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC), un órgano colegiado.

En su informe, los defensores pusieron en duda que la denuncia de Albert tuviera fundamento. '¿Dónde están los alumnos?', se preguntó uno de los letrados. Luego añadió que la profesora de gramática 'cae en una acusación falsa con temerario desprecio a la verdad'.

Los abogados defensores dijeron que la URV podría haber abierto un expediente disciplinario a ambos profesores por no utilizar las vías internas de denuncia, pero que optó por no hacerlo 'para no dar mayor trascendencia al caso'. El rector de la Rovira i Virgili, al finalizar el juicio, solicitó del tribunal 'una sentencia justa' que permita salvaguardar 'el buen nombre de la universidad'.