Algo menos que un plan

Han tenido que transcurrir seis años para que el gobierno del PP presente el Plan de Salud, cuya vigencia está prevista para el período 2001-2004. Seis años perdidos para la correcta organización y planificación sanitaria. Pero siendo grave este retraso, lo inaceptable es que se nos presente un plan de salud que en gran medida no es tal plan de salud. La Ley General de Sanidad de 1986 obligaba a la elaboración de Planes de Salud autonómicos y planes para cada una de las áreas de salud contemplando la participación de los ayuntamientos en la realización de estos últimos. De momento los planes de área no tienen fecha prevista de inicio y finalización.

En nuestra comunidad autónoma entre los años 1992 y 1994 se realizan y publican entre otros los siguientes estudios y documentos: Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana; La Salud en la Comunidad Valenciana; Estratègies de Salut de la Comunitat Valenciana: àrees prioritàries. Los dos primeros aportaban datos objetivos sobre la situación de la salud de los valencianos, que permitían identificar los problemas y las necesidades prioritarias de actuación sanitaria. El tercer documento establecía las políticas públicas adecuadas para intervenir y modificar conductas no saludables, tenía en cuenta los aspectos medioambientales y señalaba pautas para la reorientación de la red sanitaria a fin de convertirla en el instrumento clave para mejorar la salud de los ciudadanos con criterios de equidad. Tras la llegada al gobierno de Zaplana y el PP todos estos trabajos van a parar a los armarios, sin haber evaluado ni su contenido ni su operatividad. Esta decisión pone de manifiesto la irresposabilidad del nuevo gobierno y su conocido talante rupturista, de hacer tabla rasa de lo realizado en el periodo democrático anterior. No hay ningún argumento que justifique desde la racionalidad y la honestidad política una decisión que tuvo como consecuencia la interrupcíon de la elaboración y puesta en marcha de objetivos e intervenciones orientadas a la mejora de la salud colectiva e individual de los valencianos y valencianas. En este como en tantos otros ámbitos de las políticas sociales, el gobierno presidido por Eduardo Zaplana va a la cola y sólo su discurso triunfalista y autosatisfecho, eminentemente propagandístico y virtual, disimula esta realidad.

Sin embargo, la ineludible necesidad de homologarse a otros servicios de salud autonómicos, las críticas de la oposición y la relativa cercanía de un nuevo proceso electoral desencadenan una actividad febril, hiperquinética, en los responsables de la Consejería de Sanidad para intentar subsanar, en la medida de lo posible, el elevado número de incumplimientos acumulados en estos seis años. Se suceden proyectos como el Plan de Salud, el Plan de Salud Mental, la Cartera de Servicios de Atención Primaria, el Plan de Humanización, etc., con el resultado de generar documentos y declaraciones de intenciones susceptibles de presentación mediática aunque carezcan de rigor o de viabilidad por falta de presupuesto. Todos estos proyectos presentados como novedosos, que sustituyen a los ya realizados por gobiernos socialistas y cuya implantación y evaluación se ha visto paralizada durante seis años tirando por la borda alegremente el esfuerzo social realizado, tienen como objetivo en último término borrar de la memoria colectiva de los valencianos y valencianas los logros de la historia más reciente.

Frente al Plan de Salud 2001-2004 presentado a bombo y platillo, la verdad es que 16 comunidades autónomas habían presentado su plan de salud con anterioridad. Seis de ellas ya han cumplimentado su segundo plan de salud e incluso un tercer plan como es el caso de Cataluña.

El Plan de Salud se ha elaborado sin suficiente y adecuada participación social, se ha eludido su presentación y debate previos en el Consejo de Salud de la Comunidad Valenciana -máximo órgano de participación ciudadana- y no se ha presentado para su debate y aprobación en las Cortes Valencianas. Nace por tanto sin consenso social y político

El documento resumen para debate público al que hemos tenido acceso presenta déficits reseñables. No se identifica a la comisión técnica responsable de su elaboración, ni a los distintas entidades participantes. Hay serias dudas sobre la competencia técnica de la dirección del Plan. Carece de cálculo del coste económico y de previsión presupuestaria. Aunque desde Murcia, curiosamente, Zaplana haya cifrado el presupuesto previsto en 6.000 millones de pesetas -por cierto, una cantidad mágica que repite de nuevo tras evaluar en otros 6.000 millones tanto el coste del nuevo proyecto de investigación biomédica como del Plan de Salud Mental- lo cierto es que, por ahora, brillan por su ausencia las consignaciones presupuestarias correspondientes, es decir, o no existen o son insuficientes a todas luces.

Si pasamos a analizar el contenido del plan, salta a la vista que la valoración previa de la situación de la salud es claramente insuficiente. No se aportan datos referidos al punto de partida sobre muchos de los objetivos a alcanzar. Por lo tanto, su evaluación no será posible. En segundo lugar, algunos objetivos cuantificados carecen de rigor en su formulación porque no se explica en ningún momento su fundamento. ¿Por qué se habla de un 30% y no un 20% en relación a diversos parámetros? Algunos objetivos previstos en el Plan ya se han alcanzado. Otros son de dudosa prioridad o se conseguirán porque ya se está produciendo la tendencia sin intervenciones adicionales.

Objetivos que dependen claramente de iniciativas que deben tomarse desde otros sectores, como pueden ser la reducción del consumo de tabaco, de alcohol, los accidentes de tráfico o la reducción de mortalidad y lesiones por accidentes de trabajo, necesitan de manera imprescindible acordar presupuestos para las diferentes acciones con otros ámbitos de la Administración. Los planes de gobierno, en cualquier país de nuestro entorno, deben marcar objetivos rigurosamente ejecutables y susceptibles de evaluación veraz. Es mucha la experiencia acumulada en este sentido y este gobierno, aunque se haya incorporado tardíamente a iniciativas de esta índole, debería saberlo. Los grandes objetivos olvidados en este proyecto son los relacionados con las desigualdades de salud por razones socioeconómicas y las que afectan específicamente a las mujeres. Si bien se desgrana todo un catálogo de problemas reales (enfermedades cardiovasculares, problemas oncológicos, drogodependencias, VIH, envejecimiento, etc.), se definen escasamente las intervenciones a realizar y los medios operativos a emplear. No se cuantifica su coste. No se explicitan los criterios de evaluación. Y no se establece la financiación adecuada. Las aportaciones de muchos profesionales no siempre se han visto debidamente reflejadas en este documento. En una primera aproximación, como tantas otras veces, estamos más que ante un plan seriamente trabajado ante una operación cosmética, ante una enésima declaración de intenciones. Prestidigitación de vendedores avezados que el tiempo, esperemos que breve, se encargará de poner en su lugar.

María José Mendoza es diputada portavoz de Sanidad del Grupo Socialista-Progressista de las Cortes Valencianas.