El 'caso Cardenal'

El 'caso Ercros' se ha denominado también caso Piqué, al desplazarse el centro de la investigación judicial al antiguo directivo de ese grupo empresarial y actual ministro de Exteriores, y está a punto de convertirse en el caso Cardenal por el exorbitante protagonismo que ha adquirido el actual fiscal general del Estado. La voluntad de Cardenal de tomar este asunto en su mano, precisamente cuando comenzaba a afectar a un ministro, se ha hecho tan diáfana que no resulta un eufemismo señalar que su actuación parece más la de 'defensor del Gobierno' que la de acusador público.

La estructura jerárquica del ministerio fiscal ampara la intervención de su máximo responsable en cualquier asunto. Pero no de cualquier manera. Si la intervención es arbitrista, forzada, inoportuna y escasamente fundada, supondría una inadmisible interferencia. No es ésa, precisamente, la función de Cardenal. Pero es el riesgo que está corriendo en el caso Ercros con su tenaz intento de que alguna instancia del ministerio público avale su postura contraria a la decisión del fiscal del caso, Bartolomé Vargas, de citar a declarar al ministro Piqué en condición de imputado.

Cardenal buscó ese aval, primero, en la junta general de fiscales del Supremo y, después, en la de fiscales de sala, convocada para el próximo día 10. ¿No debería haber escuchado el prudente consejo de los fiscales del Supremo de respetar el criterio de los de la Sala de lo Penal, los más cualificados en esa materia, que avalaron, por una mayoría de 10 votos a 2, la propuesta de Vargas? Se comprende que algunos fiscales de sala quisieran escuchar personalmente la opinión de éste en la reunión del día 10, para disponer de elementos complementarios a su informe. Cardenal lo ha impedido. En esa reunión será el fiscal jefe de la Sala de lo Penal del Supremo, que se ha opuesto a la imputacion de Piqué, quien expondrá su propia opinión y la contraria que sostiene Vargas ¿Se puede concebir mayor contrasentido?

El rebuscado comportamiento de Cardenal en el caso Ercros se ha puesto también de manifiesto en ese extraño dictamen de su secretaría técnica, filtrado a los medios próximos al Gobierno y presentado como un 'contrainforme' al de Vargas. El fiscal del Estado puede solicitar los informes que estime procedentes. Pero en este caso debió demandarlo hace dos años, en el momento en que llegó a la Fiscalía de la Sala de lo Penal. Salvo que su objetivo sea cortar la hierba bajo los pies de Vargas, descalificar su trabajo y sustituirle en sus funciones. Algo que la junta de fiscales no podría tolerar.