Aclaración a una falsa polémica

Durante las últimas semanas han aparecido en la prensa diversos artículos que podrían dar la idea de que los notarios estamos tratando de ocupar posiciones nuevas en el mundo jurídico, posiciones que se pretenden arrebatar a otros cuerpos. La primera afirmación es inevitablemente cierta en la medida en que la vida crea por su pura dinámica situaciones nuevas; la segunda es rigurosamente falsa. Aclarar ideas sobre el tema es el objeto de estas líneas.

Como manifesté en unas declaraciones efectuadas inmediatamente después de ser designado presidente del Consejo General del Notariado, hace ya más de dos años, mi motivación y objetivos eran claros: aceptar el reto de la adaptación del notariado a las nuevas exigencias de la sociedad del siglo XXI, esto es, la sociedad de la información y de la globalización, y lograr la plena convergencia con los notariados de la Europa continental, superando incluso el nivel del notariado europeo en cuanto a calidad y celeridad en la prestación de seguridad jurídica. Y ello hay que hacerlo demostrando a los ciudadanos que el coste de la función notarial es muy inferior al beneficio que de ella obtienen.

'El Registro es una pieza esencial en el sistema de la seguridad jurídica preventiva'

Con estos planteamientos hemos trabajado y estamos trabajando para la mejora del sistema, supeditando los intereses personales a los generales, como no puede ser de otra forma. La integración notarios-corredores de comercio creo que ha sido un buen ejemplo de esta dinámica en cuanto que, superando un conservadurismo corporativista, ha demostrado que con imaginación, flexibilidad, respeto, generosidad y ausencia de prejuicios se puede resolver un problema histórico en beneficio de todos los consumidores y usuarios del sistema.

En efecto, la reforma que los notarios proponemos es una reforma a favor de la sociedad a la que servimos, plenamente inmersa en el mundo informático y tendente a aumentar la competencia en beneficio de todos los usuarios. Por ello conviene deshacer equívocos y aclarar la información aparecida en la prensa o difundida 'boca a boca' de forma más o menos distorsionada.

Por lo que respecta a los secretarios judiciales, nuestra relación como notarios no puede ser otra que la fraternal, pues ambos somos fedatarios, unos judiciales y otros extrajudiciales. Cuando los notarios decimos que estamos a favor de una potenciación de la jurisdicción voluntaria no queremos marginar a nadie.

Si con el fin de descargar a los tribunales pedimos una serie de competencias en cuestiones no jurisdiccionales, como sucediera en materia de declaración de herederos abintestato, no las pedimos con exclusiva; muy al contrario, nos parece bien que estas competencias se atribuyan también a todos los cuerpos que puedan técnicamente cumplirlas bien y quieran servir al público. No deseamos monopolio alguno, ni posiciones de exclusividad, sino prestar la máxima utilidad posible a los ciudadanos. Deben ser los usuarios del sistema los que en cada caso elijan entre las distintas posibilidades que se les brinden atendiendo al coste, cercanía, amplitud de horario, calidad y rapidez.

Por lo que respecta a los gestores administrativos, debo decir lo mismo. Cuando los notarios hablamos de 'ventanilla única electrónica' lo que queremos es aprovechar, en beneficio de los ciudadanos, las enormes posibilidades de la informática y de las telecomunicaciones; la palabra única se refiere a la posibilidad de realizar de una sola y 'única' vez todos los trámites posteriores a la firma del documento notarial, pudiendo enviarlo por la Red al registro y demás entidades u órganos de la Administración, especialmente la fiscal y municipal, con el ahorro de tiempo y molestias que ello implica, pero siempre a elección del ciudadano, que es el auténtico beneficiario del proyecto. Jamás hemos pensado los notarios en excluir a los gestores administrativos y exigir un monopolio para que sólo exista una ventanilla electrónica, y ésta sea la notarial; muy al contrario, a través de la ventanilla única promovida por los notarios podrán actuar todos los demás operadores jurídicos, quienes, además, podrán crear, si lo prefieren, otras ventanillas de trámite unificado, es decir únicas.

La experiencia demuestra todos los días que, una vez otorgada la escritura, unas veces es el notario el que se ocupa de su tramitación posterior, otras veces es el abogado de los interesados quien asume esta responsabilidad, y otras muchas veces los trámites posteriores se confían a un gestor administrativo profesional. Así se ha hecho constar expresamente en el primer convenio de ventanilla electrónica, cuya firma ha tenido lugar el 11 de junio de 2001 con la Consejería de Hacienda de la Comunidad de las islas Baleares y en la que se ha puesto especial énfasis por ambas partes en la idea de que la gestión electrónica unificada la podrán realizar tanto los notarios como los gestores.

Queda el tema de los registradores de la propiedad y mercantiles. Tampoco se trata en modo alguno de hacerles de menos. El Registro es una pieza esencial en el sistema de la seguridad jurídica preventiva y, por ello, en ningún lugar hemos sugerido ni sugeriremos su supresión. Tan es así, que en las hemerotecas queda buena prueba de la oferta, rechazada por sus destinatarios, de integración en un colectivo único de notarios y registradores con respeto de las dos funciones, documental y registral, como medio de lograr armoniosamente la superación de las actuales disfunciones del sistema. En el estado actual de la cuestión, lo que es deseable, no ya para los notarios, sino para todo el mundo jurídico, es que la calificación no se convierta en un monopolio de extensión ilimitada; que la calificación pueda ser controlada realmente por vía de recurso gubernativo, lo que en la práctica -y por el puro transcurso del tiempo- no sucede hoy, y, finalmente, que los particulares tengan derecho a que la calificación se realice por el registrador que elijan en razón de su eficiencia, competencia, rapidez y capacidad de trabajo.

En definitiva: se trata de aplicar el mismo régimen de competencia que los notarios vivimos y que, por sus positivos efectos para el ciudadano, creemos que sería bueno aplicarlo también a los registradores de cuya honestidad y profesionalidad no abrigamos duda alguna.

Comprendemos que esto no es fácil para nadie, como la integración de notarios y corredores de comercio no ha sido fácil, ni está siendo fácil para nosotros, pero es indispensable para el progreso de la sociedad. Por eso nos sorprende que ante las propuestas de mejora social lo único que encontramos inmediatamente es la airada respuesta por parte de los representantes del colectivo registral de que la función notarial 'es innecesaria' o que el documento público 'resulta superfluo'.

Querer acabar con quien nos fuerza a competir es una respuesta infantil. No es ésta la posición de los notarios, que sabemos muy bien hasta qué punto las funciones notariales y del registro son complementarias y hasta qué punto nuestro sistema de seguridad jurídica preventiva, que es un sistema bueno y que funciona, como se ha repetido reiteradas veces en el Congreso, necesita las dos ruedas de la escritura pública y de la inscripción registral. ¡Faltaría más!

Juan Bolás Alfonso es presidente del Consejo General del Notariado.