La comunidad de El Palmar rechaza de nuevo a las mujeres que quieren pescar en L'Albufera

Tres sentencias en el mismo sentido sobre el derecho de las cinco mujeres demandantes a formar parte de la comunidad, un auto exigiendo su ejecución y una sentencia dictada por el juez del juzgado de Lo Penal número uno de Valencia, que condenó hace escasas dos semanas a los 12 miembros de la junta directiva de la sociedad a 10 meses de prisión por desobedecer las resoluciones judiciales, no han conseguido resolver el conflicto que mantienen social y jurídicamente cinco mujeres de El Palmar y la Comunidad de Pescadores.

El mismo comportamiento que ha provocado que un magistrado dictara pena de cárcel se repitió ayer por la directiva de la comunidad al no admitir la solicitud de las mujeres demandantes con la excusa de que no se ajusta a las exigencias que históricamente marcan el protocolo de ingreso. A las nueve de la mañana de ayer se inició el ritual de anotar las solicitudes presentadas para formar parte de la sociedad, lo que se conoce como Junta de Capítulos. Los 12 miembros de la Junta Directiva procedieron a recibir, tal como entienden que marca un protocolo avalado por la historia y puesto en tela de juicio por las mujeres demandantes y por las sentencias, a los aspirantes. En el orden del día, en un programa no escrito, debía abordarse la admisión o no de las cinco mujeres que desde hace seis años plantearon su intención de ser miembros de la Comunidad de Pescadores de El Palmar, cuyo derecho les ha sido reconocido por los tribunales. Un requerimiento notarial no bastó para que se pusiera fin al conflicto y la junta directiva volvió a denegar la solicitud de ingreso que había sido delegada en un abogado.

La situación que enfrenta legalmente a cinco mujeres de El Palmar y a la Comunidad de Pescadores se vive ya por ambas partes como un callejón sin salida. La constatación más evidente, tal como figura en el acta levantada por el notario Juan Herrera, es que las cinco mujeres no se incluyeron en la lista de admisiones que por la tarde votó la Junta General a pesar de los pronunciamientos judiciales al respecto.

María Teresa Bru Michavila, Teresa Chardi Dasí, Elena Marco Soler, Felicidad Dasí Marco y Vicenta Dasí Marco -además de Carmen Serrano Soler, presidenta de la Asociación de Amas de Casa Tyrius y mandataria de otras 95 personas que quieren formar parte de la Comunidad- depositaron ayer su representación en manos de uno de los letrados de su defensa, Mario Pérez Garrigues, con requerimiento notarial en el que constaba una sucinta memoria sobre la retahíla de sentencias dictadas.

El notario Juan Herrera fue el encargado de presentar ante la Junta el documento, en cuya redacción se incluye que se dé por notificado que 'en caso de que las cinco primeras comparecientes no sean admitidas en dicha comunidad desobedeciendo la resolución judicial que acuerda la ejecución de la sentencia, se emprenderán las oportunas acciones judiciales'.

El letrado de la defensa de la Comunidad de Pescadores de El Palmar, Francesc Davó, dio contestación al citado documento reiterando la argumentación que sostiene desde que hace seis años se iniciara el conflicto. A su entender, la sentencia del juzgado de primera instancia número uno de Valencia reconoce, literalmente, 'el derecho de las demandantes a formar parte como miembros de pleno derecho de la citada comunidad en las mismas condiciones que los hombres hijos de pescadores'. Sostiene, al igual que la Junta Directiva y la Junta General de la Comunidad que eso siempre se ha hecho, que han solicitado, y comunicado por escrito justo en los días previos a la jornada de ayer a las cinco mujeres, que su solicitud será tramitada como las demás siempre que cumplan los requisitos que se exigen a los demás miembros: ser mayor de edad, ser descendiente directo de pescador, ir acompañado por dos avales -miembros en activo de la sociedad- y acudir de forma individualizada. Davó entiende que es una burla volver a presentar la solicitud de ingreso de la misma forma que ya les fue rechazada y en la que no cumplen ninguno de los requisitos.

Interpretaciones a la carta

Mario Pérez Garrigues, uno de los abogados de las mujeres, se ampara también en lo que ordena el auto de ejecución de sentencia dictado por el juzgado de primera instancia número uno de Valencia y en el que exige 'la entrada inmediata de las mujeres en la sociedad'. Pues bien, ese auto -que al no ser sentencia firme cuenta ya con el recurso presentado por parte de Davó- entiende la Comunidad que se excede en su interpretación de la sentencia, ya que en su redacción no señala que deban ser admitidas en cualquier momento.

Así las cosas, las cinco mujeres, más Carmen Serrano (presidenta de la Asociación de Amas de Casa Tyrius en El Palmar) y las 95 personas que ella representa en el requerimiento notarial entregado ayer a la Junta y rechazado por la misma, continúan sin ser miembros de la Comunidad de Pescadores de El Palmar.

Pendiente queda pues la respuesta del juez al recurso presentado por Davó al auto de ejecución de la sentencia, así como un escrito que será remitido por él en los próximos días con el acta de las 17 solicitudes presentadas ayer, entre ellas las de otras cinco mujeres.

Al juez llegará también el requerimiento notarial entregado ayer por el letrado Pérez Garrigues con la respuesta expresa de Davó.