Ruiz-Gallardón subirá el sueldo de sus empleados un 4,5% más que el Gobierno central

El nuevo convenio colectivo (en realidad dos documentos, uno para los funcionarios y otro para el personal laboral contratado) fija las relaciones laborales entre la Comunidad y sus empleados durante el presente año y los dos próximos, a excepción del personal docente de Educación, que cuenta con su propio convenio. Aunque la mayoría de los puntos firmados son de aplicación inmediata, otros, como la jornada semanal de 35 horas o el incremento salarial, entrarán en vigor el 1 de enero de 2002 y 2003, respectivamente.

El consejero de Función Pública, Carlos Mayor Oreja, quelamentó el rechazo de CC OO, destacó que el convenio 'es un gran paso para la modernización de la Administración regional'. 'Por la cuantía del dinero comprometido, por la instauración de las 35 horas semanales y por la reclasificación profesional de los trabajadores en favor de la polivalencia, consideramos que es un gran acuerdo para los empleados y para la Comunidad', opina Mayor.

El punto que más ha pesado en la ruptura sindical es la exclusión de los sindicatos de los tribunales de oposición, pese a que las negociaciones de última hora entre ellos se prolongaron hasta las 6.00 de ayer. UGT y CSIT-UP consideran que 'pese a esta exclusión', insisten 'en las mejoras laborales y económicas que supone el nuevo convenio', argumentó Juan Luis Martín Sierra, responsable de servicios públicos de UGT-Madrid. Éste añadió que las 35 horas supondrán la 'creación de unos 500 nuevos puestos de trabajo'.

Javier Díaz Toril, coordinador de Administración Pública de CC OO-Madrid, denunció que 'la exclusión de los sindicatos de la mesa de control del acceso de los ciudadanos al empleo público' es algo que no pueden aceptar. Además, Martín Sierra lamentó que 'con excusa de las 35 horas se ha firmado un convenio que da vía libre al Gobierno para que obligue a los trabajadores a realizar actividades que no se ajustan a sus funciones establecidas y confirma la pérdida de derechos de los trabajadores'.

Mayor Oreja justificó la exclusión de los sindicatos de los tribunales de oposición por la necesidad de 'mejorar el funcionamiento y la eficacia de los sistemas de oposición'.

10.625 millones De los 10.625 millones que contempla el convenio, la partida más importante la forman los 4.700 millones de pesetas destinados a aumentar el salario de los trabajadores entre 3 y 4,5 puntos por encima de lo que fije el Gobierno central. Este incremento se hará efectivo el 1 de enero de 2003. 'Con este aumento, los trabajadores de la Comunidad frenan la pérdida de poder adquisitivo que la política de Rodrigo Rato [ministro de Economía] ha impuesto al personal público', explicó Martín Sierra, de UGT.

Otros 2.580 millones se destinarán a retribuir al personal autonómico con dos pagas por consecución de objetivos. Una de éstas, de unas 32.500 pesetas de media, se hará efectiva este año, y otra, el próximo.

Setecientos cincuenta millones de pesetas más se destinarán a la homologación salarial del personal sujeto a convenio laboral que sea asumido por la Comunidad ante la próximas transferencia de las competencias de Sanidad y de Justicia. También se dobla la cantidad que perciben los empleados por trabajar en domingos y festivos. Hasta ahora, cada persona percibía por este motivo unas 1.500 pesetas por día festivo trabajado.

Entre el resto de partidas, destacan los 300 millones que irán destinados a los planes de formación para el personal en los tres años del convenio, y una cantidad similar se destinará al fondo de prestaciones sociales y a sufragar las comidas del personal que haga guardias de 12 y 24 horas en sus funciones laborales.

La división sindical en la firma del nuevo convenio no afecta a su validez porque UGT y CSIT-UP representan, aunque por poco margen, a la mayoría de los empleados de la Administración regional pública (el 32% UGT y el 20% CSIT-UP). Mientras, CC OO, el sindicato mayoritario, representa a algo más del 40% de los empleados.