El Consell avala nuevos créditos a la Ciudad de las Ciencias por 17.470 millones

El decreto que autoriza la duplicación del aval de septiembre de 1999 -hasta alcanzar los 13.310 millones de pesetas en menos de dos años- se justifica en la necesidad de 'completar la financiación del proyecto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia'. En el texto publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana se autoriza también al consejero de Economía, Vicente Rambla, a otorgar otros avales -menores y no cuantificados en el decreto- para 'garantizar las obligaciones derivadas de la utilización de instrumentos financieros de cobertura, vinculados' a la operación de crédito citada. Es decir, a convertir en deuda el coste de la operación financiera.

Cambio de propietario Junto al aval de 6.655 millones de pesetas, el Consell aprobó en la misma reunión otro decreto en el que se autoriza la concesión de un segundo aval por importe de 10.815 millones de pesetas más los gastos que origine la tramitación del préstamo.

Este nuevo crédito tiene, sin embargo, dos características que lo hacen cualitativamente distinto. Primero, se destina 'a garantizar parcialmente la ampliación de la financiación formalizada el 18 de octubre de 1999 entre CACSA y diversas entidades financieras'. Lo que supone, según se desprende del texto del propio decreto, que el paquete de créditos que se solicitó -por importe de 57.403 millones de pesetas con plazos de devolución de entre cinco y 22 años- se ha quedado corto.

Segundo, este aval de 10.815 millones de pesetas 'será automáticamente cancelado en el mismo momento en que se inscriban en el Registro de la Propiedad, a favor de la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias SA, los inmuebles propiedad de la Generalitat previstos en el convenio de colaboración firmado' con la banca acreedora el 30 de marzo de 1999.

Presumiblemente, la medida de cambiar la propiedad de los inmuebles tiene como objetivo aumentar las garantías a los bancos acreedores que ya tienen pignoradas las acciones de CACSA. Es decir, que las acciones de la empresa, que el Gobierno valenciano dejó en prenda a los bancos a cambio del dinero prestado, aumenten su valor con el respaldo de los inmuebles construidos.

Por otra parte, el cambio de titularidad del propietario -de la Generalitat a una sociedad anónima (SA)- supone un nuevo coste económico no evaluado y abre la puerta a la posibilidad de que el patrimonio sea enajenado.

El proyecto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, que se halla inconcluso y avanza con retraso, ha triplicado ya el coste inicial.