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Las empresas públicas se saltaron el tope salarial de la ley de presupuestos

El Tribunal de Cuentas alerta al Consell

'Incumplen el artículo 28.2 de la ley de Presupuestos, por ausencia del preceptivo informe favorable de las Consejerías de Economía y Hacienda y Presidencia sobre las condiciones retributivas laborales, las empresas Agència Valenciana de Turisme, el Instituto Valenciano de la Vivienda, el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana (Impiva), el grupo Ràdio Televisió Valenciana, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Recursos (Vaersa) y Teatres de la Generalitat', sentencia el Tribunal de Cuentas al analizar las cuentas de las empresas públicas valencianas.

El órgano fiscalizador, que ha elevado finalmente hasta los 125.633 millones de pesetas el déficit correspondiente a la liquidación de 1998 -que el Consell presentó entonces como un superávit de 745 millones de pesetas-, deja claro también que el Ejecutivo de Eduardo Zaplana no invalidó los acuerdos adoptados por las empresas públicas que rompían con la disciplina presupuestaria aprobada por las Cortes Valencianas, que fijaba las condiciones salariales de los empleados públicos.

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Así, el informe del Tribunal de Cuentas afirma: 'No consta que se haya aplicado el punto cuatro de la citada norma [que regula las condiciones retributivas laborales] que sanciona con nulidad de pleno derecho los acuerdos adoptados'.

El informe del Tribunal de Cuentas también se fija someramente en la gestión presupuestaria del Ivex correspondiente al mismo año, 1998, en el que publicitó la polémica contratación del cantante Julio Iglesias para promocionar las empresas valencianas en el extranjero.

Los contratos del Ivex

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'Se observa que en algunos gastos de publicidad, propaganda y relaciones públicas no se ha formalizado el correspondiente contrato ni se han aplicado los principios de publicidad y concurrencia', dice el órgano auditor, que en las cuentas de 1998 ya apunta la existencia de algunos elementos irregulares en la gestión. En el informe se detectan situaciones irregulares como las siguientes: 'Determinados elementos del inmovilizado se dan de baja sin constar la aprobación del órgano competente'. 'Los arqueos de caja no se supervisan en todos los casos'. 'Se suscribe una operación de endeudamiento sin el preceptivo informe favorable del Instituto Valenciano de Finanzas'. El Tribunal de Cuenteas recoge otras deficiencias del Ivex como que los expedientes del personal 'no contienen toda la documentación exigible' o que 'no constan provisionados por insolvencias 484 millones de pesetas de dudoso cobro por anticipos de comercio exterior'.

En el apartado dedicado a la RTVV -cuyas empresas Canal 9 y Ràdio 9 tampoco cumplieron con los límites salariales- los auditores también señalan situaciones incorrectas como contratos con fecha anterior a la propuesta de gasto, la ausencia del principio de publicidad y concurrencia en los gastos de producción de programas. Entre las llamadas de atención realizadas por el Tribunal de Cuentas se incluye una de singular interés: 'RTVV no contabiliza en [el epígrafe] deudores varios 1.850 millones de pesetas de subvenciones pendientes de cobro de la Generalitat anticipadas por una entidad bancaria, que tampoco se registran en el apartado de deudas con entidades de crédito'. La pregunta que no responde el informe es ¿entoncés dónde están?.

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