La deuda

'Las deudas de hoy son los impuestos de mañana'. Tan contundente dogma fue enunciado por el eurodiputado del Partido Popular José Manuel García-Margallo en aquella buena-mala temporada en que el PP repetía la cantinela 'paro, corrupción, despilfarro' con la misma entonación que un camarero recitando el menú del día. Pero más allá de la frase acuñada, García-Margallo llevaba y lleva toda la razón del mundo: las deudas públicas sólo se pueden pagar con dinero público y, mientras la Administración no descubra la piedra filosofal, éste sale del bolsillo de los ciudadanos vía impuestos directos o indirectos. Así las cosas, los valencianos tenemos serios motivos para preocuparnos porque la deuda de la Generalitat tiene visos de ser inabarcable. Si al cerca del billón de pesetas que reconoce el Banco de España como deuda oficial se le añade, sin necesidad de realizar esfuerzo contable, los 130.000 millones de la empresa pública que va a construir las escuelas; los más de 20.000 aprobados recientemente por el Consell para acometer, vía modelo alemán, diversas obras públicas; el gasto diferido, pero contraído, a diputaciones y ayuntamientos, más la financiación de las universidades, la deuda real de la Generalitat comienza a semejarse a una fosa abisal. Todo ello, además, sin contar con las fruslerías de aeropuertos y mundos ilusiones en Castellón y ciudades varias del cine y del teatro en Alicante y Sagunto. Analistas hay que, calculadora en mano, empiezan a hablar de una deuda real (la oficial más el gasto contraído) de dos billones de pesetas. Si el dogma Margallo vale, muchos impuestos vamos a tener que pagar en el futuro para cubrir tanto dispendio y alegría financiera.

De otra parte, el descubrimiento por parte del Tribunal de Cuentas de un déficit de 125.633 millones en el presupuesto de 1998, frente al imaginario superávit de 745 que en su día proclamó Olivas, subraya aún más la contradicción entre la restrictiva política presupuestaria de Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro y el galopante proyecto expansivo de Eduardo Zaplana, que parece empeñado en transferir la carga a las generaciones futuras. La coexistencia de una deuda billonaria y un elevado déficit, aun siendo cosas distintas, va a hipotecar seriamente los próximos ejercicios presupuestarios en la medida que las amortizaciones de los créditos y unos ingresos ajustados a la realidad repercutirán en el gasto corriente o en el capítulo de inversiones y, en consecuencia, sobre el mantenimiento de servicios públicos básicos como la sanidad y la educación.

El presidente de la Generalitat intentó ayer restar importancia al informe del Tribunal de Cuentas al señalar que los criterios que utiliza su gobierno y el tribunal son distintos; pero ello no explica por qué la Comunidad Valenciana suma el 92,3% del déficit total. Una carga muy pesada, también, para el futuro político de Zaplana. Pregúntesele, si no, a la patronal, a la banca y a algunos ministros.