La cúpula del Gremio de Comerciantes niega haber desviado subvenciones

Pere Llorens, Miguel Angel Fraile y los secretarios de los gremios textil y de electrodomésticos se sentaron en el banquillo de los acusados de la Sección Novena de la Audiencia para ser juzgados del delito contra la Hacienda Pública que les imputa el fiscal.

Entre los 26 testigos propuestos por el fiscal para que testifiquen en el juicio figura el ex consejero de Enseñanza de la Generalitat, Xavier Hernández, que fue secretario general del Departamento de Comercio y que ya declaró durante la instrucción de esta causa como testigo.

La causa se abrió en 1993 después de que el Gremio de Comerciantes de Droguería denunciase que la Confederación de Comerciantes de Cataluña (CCC) había recibido 10 millones de pesetas de subvención del Departamento de Comercio sin destinarla a los gremios.

El juzgado de Instrucción número 28 de Barcelona reabrió la causa que había sido archivada en octubre de 1995 por el anterior juez, quien sobreseyó el caso. El primer juez encargado del caso argumentó que el archivo respondía a que los inculpados habían incurrido en una posible infracción tributaria y no en una infracción penal.

El fiscal explica ahora que no hay duda de los indicios de culpabilidad de los dirigentes de los gremios catalanes e indica, en su escrito de acusación, que Llorens y Fraile, como directivos de la CCC y del Consejo de Gremios de Cataluña, actuaron 'en connivencia' con los otros tres acusados para crear las sociedades Sinac; Gatec, SA, y Gatec Asociación 'a fin de justificar la solicitud de subvenciones a la Generalitat'.

Todos los acusados, a excepción de Pere Llorens, participaron en los órganos de dirección de estas sociedades.

El ministerio público dice también que, entre 1988 y 1992, Llorens y Fraile solicitaron al Departamento de Comercio de la Generalitat subvenciones con el fin de informatizar a los gremios, en unos casos, asesorar mediante cursillos, en otros, y crear nuevas oficinas de la empresa Sinac.

Aquellas ayudas -10 millones de pesetas cada año entre 1988 y 1991, y 16 millones a lo largo del ejercicio de 1992- fueron concedidas por el fallecido director general del Departamento, Enric Gras. El ministerio fiscal indica que, en unos casos, se falsearon las condiciones requeridas para recibir las subvenciones presentando facturas que reflejaban la compra de material informático por parte de gremios que nunca lo solicitaron o la justificación de dietas para cursos que nunca llegaron a ser impartidos.

En otros casos, según el mismo argumento contenido en el escrito de la acusación, los dirigentes acusados solicitaban ayudas para unos determinados gremios y luego estas subvenciones se destinaban a otros gremios distintos.

Los acusados, según el fiscal,destinaron cantidades de las subvenciones -en total 56 millones- a entidades de comercio que no estaban incluidas en ninguna de las relaciones entregadas a la Generalitat. De este modo, y con este movimiento de fondos a través de entidades inexistentes o mal citadas se fue desnaturalizando la finalidad inicialmente prevista para las ayudas concedidas, según el fiscal. El ministerio público completa su acusación al explicar que se utilizaban empresas, creadas como tapaderas, para justificar el destino de las ayudas solicitadas a la Adminsitración.