Europa se debate entre la legalización o la penalización
A pesar de la imagen de tolerancia de Holanda y de sus famosos escaparates rojos, el país no despenalizó la prostitución hasta octubre del año pasado. Hasta entonces estaban prohibidos los burdeles, pero no la venta de servicios sexuales. Alemania se encamina por la misma vía.
En la práctica, las autoridades hacían la vista gorda con los clubes y los escaparates de chicas. Un 45% de las 30.000 prostitutas que ejercen trabaja el clubes privados. El 35% se ofrece desde los escaparates. Sólo una pequeña parte, casi siempre drogadictas, está en la calle. El resto concierta citas a domicilio o en hotel.
La industria del sexo está equiparada a cualquier otra actividad. Las prostitutas tienen derecho a vacaciones, pensión, prestaciones por desempleo y están obligadas a pagar impuestos. Todavía se discute la elaboración de un convenio colectivo y desde el sindicato mayoritario, FNV, se reclama al Gobierno que aclare puntos espinosos como el tipo de enfermedades de transmisión sexual que pueden considerarse enfermedades laborales. La edad de jubilación también está en el aire.
Aunque la despenalización perseguía dar transparencia al sector, no todos los afectados están satisfechos con sus consecuencias. Según el Rode Draad (una especie de sindicato que agrupa a las prostitutas), la legalización ha desterrado el anonimato. Ello ha obligado a muchas mujeres a abandonar los clubes y salir a la calle por distintas razones: deseo de ocultar su trabajo, evasión fiscal o falta de papeles de residencia, por ejemplo.
Según un informe oficial, la despenalización ha provocado un aumento de la prostitucion invisible (a domicilio o en hoteles). Con todo, hay coincidencia en afirmar que la ley ha mejorado las condiciones laborales y ha puesto trabas a las redes de tráfico de mujeres.
Persecución sueca
Por el contrario, la ley castiga desde 1 de enero de 1999 la compra de servicios sexuales en Suecia con penas de multa o de hasta seis meses de cárcel. Pero los resultados de la ley, única en Europa, son aún motivo de debate.
Más que acabar con la prostitución, la intención subyacente en la ley era enfatizar su condición de ataque a la dignidad de la mujer. Curiosamente, fueron las propias prostitutas, o al menos el sector más representativo de la prostituta callejera, las primeras en quejarse. 'Lo único que se conseguirá es obligarnos a nosotras, honorables mujeres, a trabajar en la clandestinidad', advirtieron. Los hechos les dieron algo de razón: hasta ahora, menos de 100 hombres han sido acusados, y los condenados a multa no superan la decena. La justicia ha sobreseído el 40% de los casos.
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