Más de 300 expertos progresistas proponen crear itinerarios por materias en la ESO

Un gran debate sobre la reforma de la educación secundaria obligatoria (ESO), en el que los profesores tengan un papel protagonista, ha sido el objetivo del seminario Educación de calidad: una alternativa progresista, que después de tres meses de ponencias y debates, organizados por la Fundación Pablo Iglesias (afín a PSOE y UGT), concluyó la semana pasada. Cerca de 350 expertos de ideología progresista (profesores, sindicalistas, inspectores, gestores y profesionales con experiencia política en las administraciones central y autonómicas) contribuyeron a redactar un documento de conclusiones con 44 artículos, que aspira a ofrecer una alternativa a la reforma de la secundaria que realizará el Gobierno mediante la Ley de Calidad. Éstas son las principales propuestas del documento:

- Igualdad y atención a la diversidad. El currículo de la ESO debe ser más flexible, pero la titulación única es 'un principio irrenunciable'. Se propone modificar el segundo ciclo de la ESO y obligar a todos los centros a repartir los contenidos del siguiente modo: al menos un 50% del horario constituido por un tronco de materias comunes (lengua castellana, lengua propia, idioma extranjero, matemáticas e informática), acompañado de un bloque común (con las asignaturas de humanidades, educación física y educación artística), más una serie de bloques optativos (cuatro o cinco) que combinen las materias comunes (con variaciones en contenido y horario) con otras asignaturas. El documento establece que el objetivo es lograr un equilibrio entre el rigor académico y la ausencia de trabas selectivas.

Respecto al primer ciclo de la ESO, se abre la posibilidad de dividirlo en dos cursos autónomos a efectos de evaluación y promoción. Debe mantenerse el número actual de repeticiones (no más de dos en la ESO, ni más de tres en toda la educación obligatoria), pero se podrá repetir en cualquier curso de la ESO (ahora no se puede en primero). Cada profesor debe dar clase a un máximo de cien alumnos. Debe reforzarse la función tutorial.

- Organización de los centros. Es necesario profundizar en la autonomía organizativa y de gestión de los recursos económicos. Como contrapartida, debe evaluarse a los centros interna y externamente con criterios públicos. La distribución de los recursos tendrá en cuenta las características y necesidades de cada centro, para favorecer a los de contextos desfavorecidos. La dirección escolar, elegida como hasta ahora por el Consejo Escolar, debe reforzarse con más competencias y atribuciones, así como especializarse mediante formación específica. Se propone que los alumnos participen en la elaboración de las normas de disciplina, que las administraciones impulsen planes de convivencia, que se abran los centros en horario extraescolar y que se configure un área de formación ética cívica en los cuatro cursos de la ESO y el bachillerato.

- Centros concertados. Se advierte de que el trasvase creciente de alumnos de centros públicos a concertados, motivado por el 'parón presupuestario' desde 1996, es 'un grave riesgo para la igualdad de oportunidades' y 'un impedimento para la calidad y el rendimiento escolar' que 'condena al fracaso sobre todo a los más desfavorecidos'. Se propone una política de concertación restrictiva y una unificación de los criterios de admisión de alumnos en centros públicos y concertados.

- Financiación educativa. 'Cualquier normativa del Ministerio de Educación de obligada aplicación por las comunidades autónomas que suponga un gasto adicional para éstas deberá ir acompañada de la correspondiente memoria económica'. 'Es imprescindible que las comunidades autónomas participen desde el principio en la elaboración de la reforma'.