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Reportaje:

Los 'pijamas' llevan a Barajas ante los tribunales

Una juez admite a trámite una querella de los vecinos del barrio de la Alameda de Osuna contra AENA por no dejarles dormir

Vicente G. Olaya

El proyecto de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) para ampliar el aeropuerto de Barajas a cuatro pistas recalará obligatoriamente, antes de fin de mes, en los juzgados de plaza de Castilla. Mónica Aguirre, magistrada-juez del Juzgado de Instrucción número 2, ha admitido a trámite una querella contra el director general de AENA, Pedro Argüelles, como responsable civil de un presunto delito contra los 'recursos naturales y el medio ambiente'. El supuesto delito del que se acusa al director general es no dejar dormir a los 2.000 vecinos que viven en la urbanización de la Embajada, en el barrio de la Alameda de Osuna (Barajas), cuyas viviendas se sitúan a sólo un centenar de metros de los hangares y del dique sur del aeropuerto, edificaciones levantadas o modificadas a partir de 1996.

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Por estas razones, la magistrada ha citado a Argüelles, 'en calidad de imputado', para que preste declaración por los hechos y ha reclamado al ministerio fiscal que informe en el plazo de cinco días sobre la 'adopción de la medida cautelar interesada'.

La juez admite así la querella interpuesta por la asociación Pijamas en Acción, que representa a las 480 familias que viven en la urbanización la Embajada. Estas viviendas soportan más de 65 decibelios de ruido por las mañanas y 55 por las noches, según las propias mediciones realizadas por AENA, lo que contraviene la legislación vigente. Se alcanzan, incluso, picos de contaminación acústica superior a los 90 decibelios.

Julián Moreno, portavoz de Pijamas en Acción, explicó ayer que la querella fue presentada de forma individual por 160 vecinos por un presunto delito contra el medio ambiente. 'No queríamos llegar a este extremo', dice Moreno, 'pero era la única salida que nos quedaba. Habíamos tenido reuniones con representantes del Ayuntamiento de Madrid, del Ministerio de Fomento, de la Comunidad de Madrid y de AENA, pero nadie nos ha hecho caso nunca', afirma.

En esta denuncia, el vecindario expone que el aeropuerto de Barajas ha ido creciendo en los últimos años sin tener en cuenta la existencia de las citadas viviendas, lo que ha dañado la calidad de vida del barrio. 'Cuando compramos las casas, el aeropuerto tenía unas características determinadas, pero se ha ido ampliando, sin ningún informe medioambiental preceptivo, de forma que se ha situado la plataforma de los aviones a sólo 125 metros de las casas', señala Moreno.

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El portavoz se refiere a que, en julio de 1999, AENA amplió el dique sur para vuelos transoceánicos, así como sus plataformas para aeronaves, sin que el vecindario haya obtenido apenas compensaciones.

El barrio sólo se encuentra protegido por una barrera anti-rruido que lo separa de la carretera de acceso a Barajas y de la zona de hangares. Pero esta pantalla -de poco más de nueve metros de altura- resulta insuficiente para impedir que el ruido del aeropuerto afecte a unas torres residenciales que superan los 40 metros de altura. Además, según los afectados, varias grandes edificaciones del complejo aeroportuario (sedes de las empresas de carga) hacen de pantalla, y en ellas rebota el ruido de los aviones, con lo que la contaminación acústica vuelve amplificada a la urbanización de la Embajada.

Además, los vecinos se quejan ante el juez del fuerte olor a queroseno que se registra en la urbanización, 'sin que se conozcan los efectos que puede producir sobre la salud'. La barriada exige un estudio epidemiológico. El informe de impacto ambiental de la ampliación de Barajas reconoce que sobre la zona sobrevuela una boina de contaminación por elementos de combustión de las aeronaves.

Protestas originales

El vecindario de la urbanización de la Embajada inició hace dos años una serie de movilizaciones en pijama -de ahí el nombre que recibe este movimiento vecinal- por las terminales del aeropuerto. Sus originales protestas les han costado ya una multa por parte de la Delegación del Gobierno, que no les concede los necesarios permisos para protestar en los edificios del aeropuerto. Los considera 'zona privada', según afirma el portavoz de Pijamas en Acción.

Pedro Argüelles, director general de AENA, declinó ayer hacer declaraciones sobre esta querella, ya que el asunto está sub iudice, según explicó un portavoz de este ente público dependiente del Ministerio de Fomento. Sí las hizo, en cambio, el grupo municipal de IU. Su portavoz, Inés Sabanés, dijo a Europa Press que la construcción de estas infraestructuras (dique sur y aparcamiento de aeronaves) fue 'una barbaridad'. El grupo parlamentario de IU en el Congreso pedirá, según Sabanés, la reubicación de estas construcciones 'en cumplimiento de las normas más elementales de seguridad y afección acústica'.

Pero ésta no es la única denuncia judicial que planea sobre el horizonte de Barajas. La semana pasada, la Fiscalía de Medio Ambiente también admitió a trámite otra querella, en esta ocasión de la asociación vecinal de la urbanización Santo Domingo, de Algete. Estos vecinos se quejan de que la nueva terminal se ha comenzado a construir sin la declaración de impacto medioambiental. AENA, en este caso, respondió que un decreto de 2000 le permitía iniciar las obras sin este trámite administrativo. Por eso, serán ahora los jueces quienes decidirán si la ampliación de Barajas llegará finalmente a buen puerto.

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Sobre la firma

Vicente G. Olaya
Redactor de EL PAÍS especializado en Arqueología, Patrimonio Cultural e Historia. Ha desarrollado su carrera profesional en Antena 3, RNE, Cadena SER, Onda Madrid y EL PAÍS. Es licenciado en Periodismo por la Universidad CEU-San Pablo.

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