Buenos consejos

El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa hizo ayer público su informe relativo a España tras autorizar el Gobierno su difusión. Aunque genérico y descriptivo, el informe no deja de descubrir serias carencias en el entramado político-administrativo español en el terreno de la prevención y persecución de los casos de corrupción. El principal reproche que se hace a las administraciones públicas españolas es que carecen de 'una estrategia global y multidisciplinaria' para hacer frente con eficacia a las variadas manifestaciones del fenómeno. El Greco recomienda al Gobierno la puesta en marcha de una estrategia de ese tipo, empezando, como muestra visible del cambio, por firmar la Convención Penal y Civil sobre la Corrupción del Consejo de Europa.

El informe localiza los puntos más endebles de la respuesta institucional a la corrupción en el ministerio público y en las autoridades administrativas. El primero, por su grado de dependencia, en razón de la designación y cese del fiscal general del Estado por el Gobierno; las segundas, por su escasa sensibilidad ante la corrupción y su poca disponibilidad a colaborar con las instancias encargadas de combatirla. No es la primera vez que se señala la extraña pasividad de las autoridades administrativas españolas frente a los asuntos de corrupción. El fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, ya la denunció en su día, señalando irónicamente que 'o estamos ante una Administración angelical o hay un silencio excesivo'.

Para vencer la abulia administrativa frente a la corrupción, el informe recomienda al Gobierno la adopción de un código de conducta para los funcionarios públicos que les impulse a cooperar con los órganos encargados de combatirla, en especial la Fiscalía Anticorrupción. A esta instancia se le reconoce su alta cualificación y eficacia, aunque señala los limitados medios con que cuenta. Para compensar el grado de dependencia de la fiscalía del Estado respecto del Gobierno, el Greco pide unas relaciones transparentes entre ambos y estrictamente reguladas por ley. Aunque muy generales, son recomendaciones sensatas que responden a fallos reales y que el Gobierno no debería echar en saco roto.