La ejecución del hispano Garza reaviva el debate sobre el racismo en Estados Unidos

Garza, nacido en México pero nacionalizado estadounidense, nunca negó su responsabilidad en tres asesinatos cometidos a principios de los años noventa, en el marco de ajustes de cuentas en el seno de la red de tráfico de marihuana que él dirigía en Tejas. Pero, como informó el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización abolicionista de Washington, muchos otros delincuentes blancos cumplen condenas de cadena perpetua por hechos semejantes. Al jurado que sentenció a Garza a vérselas con el verdugo nunca se le planteó la alternativa de condenarle a vivir el resto de sus días entre rejas.

Tras una moratoria que duraba desde 1963, el Gobierno federal de EE UU se ha sumado al entusiasmo de 38 Estados de ese país en la aplicación de la pena federal. En tan sólo ocho días el Gobierno federal ha ejecutado en su penitenciaria de Terre Haute a dos condenados: el terrorista de ultraderecha Thimoty McVeigh y el narcotraficante Garza. Aún más inquietante: la gran mayoría de los que están en capilla en Terre Haute son miembros de minorías. En septiembre de 2000, en el último tramo de la presidencia de Bill Clinton, el departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció que los acusados eran negros o hispanos en el 80% de los casos en los que sus fiscales solicitaron a los jurados sentencias de pena de muerte en los últimos cinco años.

La entonces titular de Justicia, Janet Reno, se declaró 'amargamente perturbada' por este dato, pero Clinton se negó a proponer la abolición de la pena de muerte a escala federal, o establecer una moratoria en su aplicación. El político de Arkansas se limitó a aplazar las ejecuciones más inminentes, empezando por la de Garza. Le dejó la patata caliente a su sucesor y éste terminó siendo George W. Bush, célebre por el récord de ejecuciones que estableció como gobernador de Tejas. A comienzos de este mes, el muy derechista John Ashcroft, titular de Justicia con Bush, rechazó que exista racismo en la pena de muerte. Según Ashcroft, si hay muchos negros en los corredores de la muerte es porque esta minoría está más implicada que otros grupos en asuntos de drogas.

Como McVeigh, Garza murió con los ojos abiertos. Su última comida consistió en un filete con aros de cebolla y patatas fritas y una bebida gaseosa. En sus últimos momentos se mostró tranquilo y estuvo acompañado por un sacerdote católico, pero reiteró que hubiera preferido ver su sentencia conmutada por la de cadena perpetua. Garza tenía dos hijas y quería ahorrarles el vivir el resto de sus días con el horror de la ejecución de su padre.

Sólo 50 personas se manifestaron ayer contra la pena capital frente a la penitenciaria de Terre Haute, de donde habían desaparecido por completo los 1.400 reporteros y las decenas de camiones con antenas parabólicas que cubrieron el circo de la ejecución de McVeigh. México, donde había nacido Garza y que lo extraditó en 1992 a Estados Unidos, tuvo una reacción moderada. 'Garza', señaló el ministro mexicano de Exteriores, Jorge Castañeda, 'era ciudadano norteamericano'.

Extranjeros en el corredor

En cambio, el presidente Vicente Fox reiteró su preocupación por el destino de Gerardo Valdez, un compatriota cuya ejecución en Oklahoma ha sido aplazada hasta el 16 de julio. Como ocurrió con el español Joaquín José Martínez y muchos otros extranjeros detenidos en EE UU, la policía estadounidense no respetó la Convención de Viena en la captura de Valdez y no le informó de que tenía derecho a entrar en contacto con su consulado.

El apoyo a la pena de muerte sigue siendo mayoritario en Estados Unidos, pero se está erosionando de modo significativo. Otra polémica en el candelero es la relativa a la ejecución de retrasados mentales. Jeb Bush, hermano del presidente y gobernador de Florida, firmó hace poco una orden prohibiendo que en su Estado sean ejecutadas personas con evidentes minusvalías mentales. Pero Rick Perry, el nuevo gobernador de Tejas, acaba de vetar la introducción de esa misma medida en su territorio. EE UU es el único país democrático que envía a la silla eléctrica o la inyección letal a gente que ni tan siquiera comprende los crímenes que cometió.