La Comunidad expedienta a una mina de Galapagar por daños medioambientales

El Ayuntamiento de Galapagar, que denunció a la empresa, pedirá a la Dirección General de Minas la retirada cautelar de la licencia a la mina Maribel, según informó el concejal de Medio Ambiente, el ecologista José Luis Barceló. Precisamente hoy, el propietario de la Sociedad Minera del Guadarrama, que gestiona la explotación, se sienta en el banquillo por su presunta responsabilidad en un incendio provocado el año pasado en las inmediaciones del yacimiento.

Los resultados del informe regional dan la razón a las denuncias del municipio sobre los daños medioambientales que la explotación produce en pleno parque regional del curso medio del Guadarrama. En el informe se explica que las cinco balsas de decantación, no impermeabilizadas, están interconectadas e impulsan el caudal a la última, que tiene un aliviadero para caso de desbordamiento. Además, una de las balsas presenta una rotura en el dique de contención, que deja salir el contenido hasta otra balsa que tiene un aliviadero al arroyo Pontón, afluente del Guadarrama. También dice el informe que la empresa no realiza las labores de restitución ambiental que impone la Ley de Minas.

Otro juicio

La compañía concesionaria, propiedad de Antonio Sánchez Lozano, fue absuelta en enero de este año de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente supuestamente cometido en 1995. En la causa estaban personados el Ayuntamiento de Galapagar, el de Las Rozas y el fiscal de Medio Ambiente. El Consistorio recurrió la sentencia. El pasado marzo, el Ayuntamiento hizo público un estudio encargado a una empresa independiente que constató la existencia de vertidos incontrolados y de lagunas y balsas no autorizadas, la acumulación de residuos y metales pesados, el desmonte incontrolado y la captación ilegal de aguas del río. El municipio envió las conclusiones al Gobierno regional, que inspeccionó la mina el pasado 8 de marzo.

La mina Maribel se abrió en 1988, cuando la Dirección General de Minas concedió a Sánchez Lozano la licencia para explotar el yacimiento por 30 años. El contrato permitía la venta de áridos como subproducto, aunque, según el informe regional, el dueño no explota los recursos minerales para los que fue autorizado, sino que su negocio principal es la venta de áridos. El Instituto Tecnológico Geominero de España informó desfavorablemente sobre el plan de restauración del entorno antes de la apertura de la mina.