Tiempo perdido

Los acontecimientos que se van a vivir esta semana en Andalucía suponen una buena muestra de lo que está sucediendo en esta última etapa, esto es, cómo asuntos de envergadura y trascendencia quedarán, una vez más, sepultados por la cansina y dura polémica en torno a la pretendida fusión de El Monte y Caja San Fernando, dándose así la sensación de que se pierde el tiempo al concentrar esfuerzos en algo que no va a contar con la repercusión esperada.

Junta de Andalucía, empresarios y sindicatos iniciarán toda una gira por cada una de las provincias para explicar las 'excelencias' del V Acuerdo de Concertación Social, el primero que se establece con un alcance que se prolonga a lo largo de toda la legislatura. Un logro que no se ha conseguido en ningún otro sitio y con una dotación cerrada cuantiosa, ya que se eleva a unos 800.000 millones de pesetas.

Todos podrían ir en el mismo autobús, de ciudad en ciudad, apareciendo ante la opinión pública satisfechos del resultado de ese consenso básico que se ha cerrado con los agentes sociales. Sin embargo, este objetivo va a quedar sin duda alguna desvirtuado por el morbo que va a suponer la foto de la consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, junto al presidente de la CEA, Rafael Álvarez Colunga, últimamente más enfrentados que nunca por el asunto de las cajas. Y no digamos nada de los sindicatos, con una UGT que apoya expresamente en esta lucha a la consejera, mientras que CC OO se tira al monte, alineándose con la patronal al pedir la intervención del Banco de España, a pesar de que sabe que esta institución no tiene competencias para ello. Así que por mucho que se empeñen, la bondad de este acuerdo de concertación quedará mediatizada por la permanente lucha en torno a las cajas.

Otro tanto de lo mismo sucede con un asunto capital para Andalucía, como es la financiación autonómica. Oficialmente, el próximo lunes comienzan las negociaciones del Gobierno con el PSOE de cara a fijar un nuevo sistema. El secretario general del PP, Javier Arenas, ya ha adelantado lo que tiene que hacer el presidente andaluz, Manuel Chaves, que no es otra cosa que renunciar a sus permanentes reivindicaciones y que venga a asumir la nueva propuesta, sin más. No ve aquí Arenas diferencias sustanciales entre la nueva fórmula que se quiere imponer, más que negociar, y la actualmente vigente, a pesar de que la misma se parece, a grandes rasgos, a la que en su día lanzó la propia Junta de Andalucía, hace ya cinco años, con esa famosa cesta de impuestos que, más tarde, el PP hizo suya a través del presidente de la comunidad de Valencia, Eduardo Zaplana. Aquí Magdalena Álvarez juega en terreno propio, pero parece que tendrá poca ocasión para hacer valer sus conocimientos en la materia, ya que todo hace indicar que tendrá que guardar todas sus energías para la que se estima como batalla final de la larga contienda de las cajas.

En este marco se produce la entrada del secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, a Andalucía. Le trae el próximo viernes a esta tierra la campaña explicativa que desarrollan los socialistas sobre la nueva oposición que vienen ejerciendo en esta etapa. En un acto similar, en Extremadura, Rodríguez Zapatero se encargó de dejar un mensaje claro que no es otro que asumir como suyas, no podría ser de otra manera, las propuestas de las distintas comunidades autónomas gobernadas por los socialistas en cuanto a financiación autonómica se refiere. También subrayó su apoyo a los barones, capítulo en el que se incluye al presidente de la comunidad extremeña y también a Manuel Chaves, aunque a él esta adscripción le gusta bien poco. De igual modo, se espera que tenga algún signo de respaldo a las tesis de la Junta en la pelea de las cajas, máxime en esta recta final en la que los más próximos a los cuestionados Isidoro Beneroso y Juan Manuel López Benjumea comienzan a amenazar con sacar trapos sucios de la gestión socialista.

Todo esto en una semana en la que tendremos aquí al presidente de los EE UU, George W. Bush. Una visita oficial que bien podría ser aprovechada por el presidente del Gobierno español, José María Aznar, para conseguir resolver el conflicto protagonizado por los más de 1.000 trabajadores españoles de la Base Naval de Rota (Cádiz), que han visto reducidos sus ingresos de forma notable por decisión unilateral de los Estados Unidos.